Escándalo fiscal en Santa Fe: exjefes de AFIP y Vicentín procesados por ocultar fraude de IVA por 143 millones
Un juez federal de Reconquista sacudió el ámbito judicial santafesino al procesar a dos figuras clave del mundo fiscal y agroexportador por su rol en el encubrimiento de un millonario desvío de fondos públicos.
Carlos Vaudagna, quien dirigiera las regionales de Santa Fe y Rosario en la exAFIP (hoy ARCA), y Omar Scarel, exmandatario y exsíndico de la quebrada Vicentín, enfrentan cargos por coautoría en encubrimiento agravado, derivados de una maniobra que permitió a la empresa apropiarse indebidamente de reintegros de IVA por exportaciones ficticias, ascendentes a 143 millones de pesos entre 2016 y 2019.
La resolución del magistrado Ricardo Alcides Mianovich, emitida el 12 de noviembre de 2024, detalla cómo Vaudagna utilizó su posición para interceder ante colegas de AFIP, desaconsejando impugnaciones a créditos fiscales dudosos y filtrando datos sensibles sobre inspecciones y devoluciones a competidores. Estas intervenciones, documentadas en chats de WhatsApp entre octubre de 2017 y marzo de 2021, incluyeron encuentros informales incluso en fines de semana, con el objetivo de blindar a Vicentín de revisiones que hubieran expuesto la simulación de operaciones.
El esquema delictivo se basaba en facturas apócrifas de proveedores y corredores que supuestamente compraban granos en mercados informales sin abonar el impuesto al valor agregado, generando créditos inexistentes que el Estado reembolsaba. Scarel, como alto directivo, solicitaba activamente esta “ayuda” para evadir sanciones penales, mientras Vaudagna no solo asesoraba con jurisprudencia manipulada, sino que también facilitaba reducciones en ajustes fiscales para minimizar el rastro del perjuicio al erario público.
La causa, que en mayo de 2024 ya había imputado a Vicentín y 14 ejecutivos por defraudación agravada, avanzó gracias a un allanamiento en junio de 2021 que incautó el teléfono de Vaudagna en una pesquisa paralela por estafas. Fiscales federales y de la PROCELAC ampliaron en mayo de 2025 la imputación contra él por lavado de activos, al detectar flujos de 46 millones de pesos a través de familiares, testaferros y negocios opacos como una mutual y desarrollos inmobiliarios en Santa Fe.
Con embargos por 700 millones sobre Vaudagna y 200 millones sobre Scarel, el fallo impone prisión preventiva y un concurso real de delitos que podría derivar en penas severas. Este procesamiento no solo profundiza la crisis de credibilidad en la administración tributaria, sino que revive el fantasma de la quiebra de Vicentín, cuestionando los lazos entre funcionarios y grandes corporaciones en un contexto de recortes fiscales que agravan la desconfianza ciudadana.
