Justicia cierra capítulo: Tres efectivos policiales expulsados por brutalidad en Entre Ríos
En un caso que remueve las fibras de la sociedad entrerriana, el Gobierno provincial ha ejecutado la expulsión definitiva de tres policías implicados en un escandaloso episodio de violencia institucional ocurrido en 2015.
La medida, plasmada en el Decreto Nº 3025 y firmada el 31 de octubre por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, pone fin a una larga batalla judicial que expuso abusos de poder y vejaciones contra un ciudadano común. Este cierre administrativo no solo busca reparar el daño causado, sino también enviar un mensaje claro contra la impunidad en las fuerzas de seguridad.
Todo inició el 25 de mayo de 2015 en Concepción del Uruguay, cuando Jorge López, un humilde trabajador local, decidió documentar con su teléfono un procedimiento policial en un terreno baldío. La escena involucraba la detención de una adolescente, pero lo que López capturó desató una represalia feroz por parte de los agentes. En lugar de ignorar la grabación, los efectivos irrumpieron en su domicilio sin orden judicial, sometiéndolo a un calvario de golpizas, disparos con balas de goma, patadas y amenazas de muerte. El colmo de la crueldad llegó con una humillante “ducha” a presión con hidrolavadora de agua helada en pleno invierno, seguida de encierro arbitrario y un traslado tardío al hospital, donde se constató lesiones graves.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, en su fallo del 27 de febrero de 2019, no dejó lugar a dudas: los acusados eran culpables de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, lesiones graves y falsedad ideológica. Francisco Celestino Borges, ex oficial principal, recibió la pena más severa con cinco años y seis meses de cárcel efectiva, más once años de inhabilitación absoluta para cargos públicos. Su compañero, Gabriel José Antonio Arias, ex oficial ayudante, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva y diez de inhabilitación. En tanto, Eloy Rafael Fernández, comisario principal, escapó de la cárcel con dos años condicionales y cuatro de inhabilitación, por su rol omiso en el horror.
La apelación no alteró el veredicto: en abril de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ratificó las condenas, respaldada en pruebas irrefutables como videos, testimonios y documentos falsificados. Otros involucrados, como Eduardo Sebastián Troncoso, Leonardo Miguel Miño y Juan José Asín, también enfrentaron castigos, aunque menores, mientras que Pablo Sebastián Benítez fue absuelto. Incluso un médico, Jorge Valdez, cayó bajo el peso de la justicia por su complicidad. Este proceso, que duró casi una década, subraya la lentitud del sistema, pero también su capacidad para confrontar la barbarie cuando las evidencias son abrumadoras.
Con la cesantía ahora inscripta en sus legajos, Fernández, Borges y Arias quedan irrevocablemente fuera de la policía provincial, un paso que el Ejecutivo entrerriano califica de “necesario para restaurar la confianza ciudadana”. Para López, la víctima que vio su vida trastocada por defender un derecho básico, esta resolución representa una victoria agridulce. El caso resuena como recordatorio de que filmar abusos no debería costar la dignidad humana, y urge reformas profundas en el entrenamiento policial para erradicar tales excesos de una vez por todas.
Nota con información de UNO
