Embargo por daño ambiental a un senador libertario que alega inmunidad para proteger su sueldo
El senador nacional Francisco Paoltroni fue embargado por más de 150 millones de pesos tras una multa ambiental por desmontes ilegales en sus propiedades de Formosa.
La sanción, aplicada por el gobierno provincial, abarca 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 hectáreas en Colonia Brouchard y 478 hectáreas en Colonia San Roque, por violar la ley de ordenamiento territorial que protege los bosques nativos. El embargo afecta tres de sus propiedades y la cuenta donde recibe su dieta parlamentaria.
La multa se origina en una investigación de la Dirección de Control y Fiscalización del Ministerio de Producción y Ambiente formoseño, concluida en diciembre de 2024. Paoltroni, conocido por impulsar la intervención federal de su provincia, enfrenta además otras causas por evasión, fraude y lavado de dinero, que han puesto bajo la lupa el crecimiento exponencial de su patrimonio.
En su defensa, presentada en septiembre de 2025, el legislador argumentó que el caso habría prescripto y cuestionó la falta de instancias de conciliación previas. Asimismo, planteó “oponer inmunidad parlamentaria” y solicitó la “suspensión inmediata” del proceso y el “levantamiento del embargo” sobre su sueldo, invocando los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, que protegen a los legisladores de ser molestados por sus opiniones o arrestados, salvo en casos flagrantes.
Expertos constitucionales señalan que la apelación a estas inmunidades resulta inusual y carece de sustento en este contexto. Los artículos citados protegen al senador de ser detenido o interrogado por sus discursos, pero no lo eximen de cumplir con una sanción administrativa ni de un embargo derivado de una multa por daño ambiental, delito por el cual no fue arrestado.
La Ley de Fueros, que regula estas prerrogativas, tampoco ampara su salario de un embargo judicial. Esta ley limita el allanamiento de domicilio y la interceptación de comunicaciones, pero no menciona inmunidad sobre el salario. De hecho, la norma explícitamente establece que los procesos judiciales pueden avanzar hasta su conclusión aun contra un legislador, independientemente de su fuero.
