La Justicia investiga una red de desvío de alimentos del Ministerio de Desarrollo Humano en Entre Ríos
Una grave investigación judicial sacude la provincia de Entre Ríos al descubrir una presunta estructura organizada para el desvío y acopio irregular de alimentos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano provincial.
Los allanamientos simultáneos realizados en Paraná dejaron al descubierto una operatoria logística que habría convertido la asistencia social en un instrumento de apropiación indebida, desviando productos destinados a los sectores más vulnerables.
Los procedimientos, ordenados por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrul, se ejecutaron en al menos tres inmuebles de la capital provincial, ubicados en calles Facundo, Virgen de Luján y Ceferino Namuncurá. En ellos se secuestró una cantidad significativa de mercadería de origen estatal, que incluía leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao y otros alimentos básicos, además de teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
La investigación sumó un elemento de alto impacto con un video que muestra a un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano descargando mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”, impulsada por el actual secretario de Modernización provincial, Emanuel Gainza. La escena, registrada a plena luz del día, sugiere una operatoria naturalizada y ejecutada sin temor a controles.
Entre las personas identificadas en los allanamientos figuran Gabriel Jeremías Duré, un individuo de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. Sus roles específicos serán determinados por la Justicia, pero su vinculación al expediente confirma que la operatoria contaba con actores concretos y roles definidos, generando malestar en altos niveles del gobierno provincial y la Legislatura.
El caso representa una prueba crítica para las instituciones entrerrianas, exponiendo posibles fallas sistémicas en los mecanismos de control y trazabilidad de la política alimentaria. La investigación no solo busca responsabilidades penales, sino que cuestiona la credibilidad de los programas de asistencia social, al sugerir que recursos destinados a paliar el hambre fueron utilizados como moneda de intercambio o botín político, erosionando la confianza pública en el Estado.
