Procesan a siete policías en Chaco por intentar robar 9 kilos de cocaína durante una quema oficial
La policía de la provincia de Chaco enfrenta una grave crisis institucional tras descubrirse que siete de sus efectivos intentaron sustraer nueve kilos de cocaína durante la primera quema de drogas oficial realizada por la fuerza local.
El escándalo estalló cuando las cámaras de televisión que cubrían el evento captaron el momento en que los agentes pretendían reemplazar los ladrillos de cocaína con bloques de yeso antes de su incineración.
La jueza federal Zunilda Niremperger procesó con prisión preventiva por 100 días a los siete policías implicados, quienes ahora enfrentan cargos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, agravado por su condición de funcionarios públicos. La investigación judicial determinó que los acusados intentaron perpetrar el cambio durante el procedimiento oficial de destrucción de drogas incautadas.
Entre los imputados se encuentran altos mandos y suboficiales de la fuerza provincial. La lista está encabezada por el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Franco Andrés Ramírez. También fueron procesados los oficiales y suboficiales Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Cantero.
El hecho adquiere especial relevancia política dado que ocurrió poco después de que el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, elogiara públicamente a la ministra nacional Patricia Bullrich por su combate al narcotráfico. Fuentes locales señalaron que este episodio supera los antecedentes habituales de corrupción policial en la provincia, recordando un caso similar ocurrido en Castelli donde un fiscal antinarco fue detenido con 200 kilos de marihuana.
Los efectivos procesados enfrentan penas severas por infracción a la Ley de Estupefacientes. El delito de tenencia con fines de comercialización prevé penas de 4 a 15 años de prisión, pero la condena podría aumentar significativamente debido al agravante de ser funcionarios públicos encargados de prevenir estos mismos delitos, lo que podría elevar la escala penal hasta un tercio del máximo y la mitad del mínimo.
