Villa Allende implementará cierres nocturnos en calles tras un fallo judicial que avala la medida
La Municipalidad de Villa Allende pondrá en marcha en febrero un inédito sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, tras obtener un fallo judicial que avala la instalación de portones como medida excepcional ante el incremento de la criminalidad.
La Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba consideró que el plan es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, validando una estrategia sin antecedentes similares en la provincia.
El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa, enmarcada en un “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”. Según el jefe comunal, el 60% de los robos en la localidad ocurren durante la noche, por lo que la medida “responde a una solución práctica y excepcional” ante la inseguridad. Cornet fue víctima recientemente de un asalto en su propia vivienda.
El esquema inicial contempla la colocación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, los cuales restringirán el tránsito vehicular entre las 22 y las 06 horas bajo custodia de personal municipal. El programa también incluye la instalación de 300 cámaras de vigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho nuevos móviles para crear corredores seguros.
Pese al aval judicial, la medida ha generado fuertes críticas de la oposición y grupos vecinales que presentaron amparos colectivos. La concejal opositora Marta Banegas cuestionó el enfoque, argumentando que “en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”. Los demandantes sostienen que el cierre de vías vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley.
La Justicia determinó que la restricción es parcial y se fundamenta en la emergencia de seguridad declarada en 2023. Sin embargo, los vecinos afectados ya confirmaron que apelarán el fallo, por lo que la implementación definitiva del sistema de portones quedará supeditada a una instancia judicial superior, que deberá dirimir el conflicto entre seguridad pública y derechos ciudadanos.
