Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil y propone bajar la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil, un esquema legal que introduce cambios significativos en la forma en que se juzga a menores de edad imputables.
La iniciativa fue respaldada en general con 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, sin abstenciones, en una sesión marcada por intensos debates políticos.
El eje central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, es decir, que adolescentes de 14 años en adelante podrán ser responsabilizados penalmente por ciertos delitos bajo las nuevas reglas propuestas. El proyecto, impulsado por el oficialismo, ahora pasará al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo.
La discusión en el recinto evidenció divisiones claras entre bloques: espacios como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros espacios provinciales acompañaron la iniciativa, mientras que el peronismo se pronunció mayoritariamente en contra. La votación reflejó no solo un respaldo político al proyecto sino también la polarización existente en torno a la temática de la seguridad y la justicia juvenil.
Además de la baja de la edad de imputabilidad, el texto debatido incluye disposiciones sobre cómo se aplicarán las sanciones, contemplando penas de hasta 15 años para delitos graves cometidos por adolescentes, así como medidas alternativas a la privación de libertad para casos de menor significación. La reforma también contempla la creación de institutos especializados para alojar a quienes resulten condenados bajo este nuevo régimen, con garantías de acceso a educación y programas de resocialización.
El proyecto que obtuvo media sanción se enmarca en una agenda legislativa que el oficialismo ha promovido con urgencia en las últimas semanas, incorporándolo incluso en sesiones especiales del Congreso. Su avance hacia el Senado será clave para definir si las reformas quedan definitivamente incorporadas al ordenamiento jurídico argentino.
