Investigan subsidios con presunta falsificación de la firma del Secretario de Deportes de Entre Ríos
El Poder Ejecutivo ordenó la apertura de una investigación administrativa interna tras detectarse presuntas irregularidades en trámites vinculados a la Secretaría de Deportes.
La medida apunta a determinar responsabilidades por la supuesta falsificación de firmas atribuidas a funcionarios del área en una serie de expedientes relacionados con subsidios y gestiones administrativas. La decisión fue formalizada mediante el decreto 14, firmado a comienzos de enero.
La instrucción sumaria fue encomendada a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, organismo que quedó facultado para requerir colaboración técnica de otras dependencias públicas, entre ellas la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El objetivo es reconstruir el circuito administrativo de los expedientes observados y establecer si existieron conductas irregulares por parte del personal interviniente.
La pesquisa se inició a partir de una presentación de la propia cartera deportiva, que advirtió inconsistencias en documentos vinculados a pedidos de aportes económicos para entrenadores y deportistas de distintas disciplinas. Según se desprende del acto oficial, varias actuaciones contienen intervenciones adjudicadas al secretario del área, Sebastián Raúl Uranga, y al director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Aníbal Lupi, cuyas firmas habrían sido incorporadas sin su autorización.
De acuerdo con la resolución, las anomalías fueron detectadas una vez finalizados los trámites, pese a que los procedimientos formales se habían desarrollado conforme a la normativa vigente. Entre los expedientes observados figuran solicitudes de subsidios deportivos y autorizaciones administrativas que, en apariencia, incluían notas y avales apócrifos. El Gobierno consideró que la gravedad de los hechos exige un análisis exhaustivo para evitar perjuicios institucionales.
El decreto subraya que la investigación buscará identificar a los autores materiales de las presuntas falsificaciones y, de corresponder, aplicar sanciones administrativas o disciplinarias. Mientras avance la instrucción sumaria, las autoridades remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno para preservar la transparencia de los procesos y la validez de los actos administrativos.
