El Poder Ejecutivo ordenó la apertura de una investigación administrativa interna tras detectarse presuntas irregularidades en trámites vinculados a la Secretaría de Deportes.
La medida apunta a determinar responsabilidades por la supuesta falsificación de firmas atribuidas a funcionarios del área en una serie de expedientes relacionados con subsidios y gestiones administrativas. La decisión fue formalizada mediante el decreto 14, firmado a comienzos de enero.
La instrucción sumaria fue encomendada a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, organismo que quedó facultado para requerir colaboración técnica de otras dependencias públicas, entre ellas la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El objetivo es reconstruir el circuito administrativo de los expedientes observados y establecer si existieron conductas irregulares por parte del personal interviniente.
La pesquisa se inició a partir de una presentación de la propia cartera deportiva, que advirtió inconsistencias en documentos vinculados a pedidos de aportes económicos para entrenadores y deportistas de distintas disciplinas. Según se desprende del acto oficial, varias actuaciones contienen intervenciones adjudicadas al secretario del área, Sebastián Raúl Uranga, y al director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Aníbal Lupi, cuyas firmas habrían sido incorporadas sin su autorización.
De acuerdo con la resolución, las anomalías fueron detectadas una vez finalizados los trámites, pese a que los procedimientos formales se habían desarrollado conforme a la normativa vigente. Entre los expedientes observados figuran solicitudes de subsidios deportivos y autorizaciones administrativas que, en apariencia, incluían notas y avales apócrifos. El Gobierno consideró que la gravedad de los hechos exige un análisis exhaustivo para evitar perjuicios institucionales.
El decreto subraya que la investigación buscará identificar a los autores materiales de las presuntas falsificaciones y, de corresponder, aplicar sanciones administrativas o disciplinarias. Mientras avance la instrucción sumaria, las autoridades remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno para preservar la transparencia de los procesos y la validez de los actos administrativos.
