Presentan cautelar para frenar la concesión de la Hidrovía y exigen evaluación ambiental integral
Un conjunto de organizaciones socioambientales, comunidades indígenas, cooperativas y vecinos vinculados a la cuenca del Paraná pidió a la Justicia la suspensión inmediata del proceso de concesión de la Hidrovía Paraguay–Paraná.
La solicitud, en forma de medida cautelar de no innovar, apunta a detener la aplicación de una resolución nacional reciente hasta que se resuelva un amparo colectivo que cuestiona la legalidad ambiental del proyecto.
La acción judicial, iniciada en marzo de 2025 por entidades civiles y activistas, reclama que el Estado realice una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río, con instancias reales de participación ciudadana y consulta previa a pueblos originarios. Según los demandantes, la licitación avanza sin cumplir estándares legales básicos en materia ambiental y de derechos humanos.
Las organizaciones señalan que el proceso licitatorio arrastra irregularidades desde su origen. Recuerdan que una convocatoria anterior fue dejada sin efecto tras recibir una sola oferta, pero que el Poder Ejecutivo reactivó el esquema bajo el mismo marco normativo. A su entender, el Gobierno intenta sostener el proyecto con estudios parciales que no reemplazan una evaluación integral de los impactos acumulativos del dragado.
También cuestionan la validez de los mecanismos de participación pública implementados. Afirman que gran parte de los asistentes a una audiencia oficial impugnó el procedimiento por fallas en la convocatoria y por considerar que sus objeciones no fueron incorporadas. A esto suman la ausencia de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas potencialmente afectadas, obligación establecida en tratados internacionales vigentes.
Las entidades advierten que la nueva resolución oficial profundiza el dragado proyectado y habilita una concesión de largo plazo sin analizar consecuencias ecológicas y sociales. Sostienen que, de concretarse la adjudicación, el modelo de intervención quedará consolidado durante décadas, generando daños potencialmente irreversibles. Por eso insisten en la urgencia de frenar el trámite y abrir un debate público amplio sobre el futuro del río Paraná como bien común estratégico.
Nota con información de Fundación CAUCE
