Un clima de fuerte tensión política se instaló en la provincia de Entre Ríos tras nuevas denuncias que vinculan al ámbito gubernamental con presuntas presiones hacia el periodismo.
El escenario se complejiza luego de que trascendiera acusaciones relacionadas con investigaciones por narcotráfico que ya habían generado repercusión en el área de seguridad.
En este contexto, versiones difundidas por sectores periodísticos sostienen que el gobernador Rogelio Frigerio habría intervenido de manera directa para exigir medidas contra el periodista y la producción de Tomás Méndez que abordaron el tema. Estas afirmaciones, que no cuentan con confirmación oficial, alimentan el debate sobre la relación entre el poder político y la libertad de prensa.
El eje de la controversia gira en torno a la difusión de supuestos chats y denuncias que señalan movimientos irregulares vinculados a los puertos de Ibicuy y Ceibas. Frente a ello, distintos sectores cuestionan si la reacción institucional debería centrarse en desmentir o aclarar los hechos, en lugar de accionar contra quienes publicaron la información.
Asimismo, la situación escaló tras versiones que indican intentos de desplazar al periodista de Canal 9, lo que generó preocupación en el ámbito mediático. Organizaciones y trabajadores de prensa advierten que este tipo de acciones, de confirmarse, podrían constituir un antecedente grave para el ejercicio libre del periodismo.
Mientras tanto, el debate público continúa en ascenso, con reclamos de mayor transparencia y explicaciones oficiales. La controversia no solo pone en foco las denuncias iniciales, sino también el modo en que las autoridades responden ante investigaciones sensibles, en un contexto donde la confianza institucional se encuentra bajo análisis.
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