El Gobierno nacional aplicó un severo ajuste presupuestario que está generando una profunda crisis en las Fuerzas Armadas.
Soldados, suboficiales y oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cumplen ahora un horario reducido de 7:30 a 12:30, con el fin de evitar gastos en almuerzos y servicios básicos, al tiempo que muchos efectivos buscan segundas ocupaciones durante la tarde para complementar sus ingresos.
Los sueldos militares se encuentran un 30% por debajo de los de las fuerzas de seguridad. Un comisario gana actualmente más que un general, situación inédita en el país. Esta brecha salarial ha provocado altas tasas de deserción y tensiones entre ambos sectores. En algunos casos, como en Córdoba, la Policía provincial captó a casi la mitad del personal militar de ciertas unidades.
La crisis también afecta la operatividad. Se recurre al trueque de bienes —como una tonelada de membrillo por repuestos de vehículos— para mantener el mínimo funcionamiento. La obra social Iosfa, que desbarrancó con la gestión de Petri. Por supuesto que los bajos salarios impactan de lleno en la recaudación, pero se acusa a Petri de gastos descomunales en la administración. Puso al frente de Iosfa a diez funcionarios mendocinos a los que se les pagaba el pasaje todos los lunes y viernes, además de que hay un extendido rumor de que el organismo también se hacía cargo del alquiler de sus departamentos. Lo cierto es que Milei-Petri recibieron a la obra social sin déficit y ahora se habla de endeudamientos siderales, imposibles de pagar. Todo eso derivó en que en el interior casi no cumple con ningún servicio porque los prestadores cortaron toda relación.
En medio de los recortes, surgieron denuncias de presuntas irregularidades en compras de equipamiento. Entre ellas se destaca la adquisición de un avión Embraer con sobreprecios y la compra de solo 5 de 24 aviones F-16 prometidos, sin armamento ni infraestructura completa para su operación. Estas situaciones generaron malestar interno y causas judiciales.
El ajuste militar se combina con una mayor dependencia de Estados Unidos, cedendo soberanía en el Atlántico Sur a cambio de equipamiento limitado. Mientras tanto, proyectos estratégicos nacionales, como la base integrada en Ushuaia, permanecen paralizados. Todo esto ocurre en un Gobierno que había prometido revalorizar a las Fuerzas Armadas.
