El gobierno nacional considera el cierre de Corredores Viales y la Administración General de Puertos

El Gobierno nacional evalúa la posible disolución de las empresas Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP), argumentando que estas entidades “multiplican funciones y atribuciones” que ya son gestionadas por otras secretarías.

La medida, que podría implementarse en el mediano plazo, busca optimizar la estructura del Estado, eliminando lo que se considera redundancias en la administración pública. Un alto funcionario del gobierno ha declarado que la existencia de estas empresas “no tiene razón de ser” y que su cierre es parte de un esfuerzo más amplio para reorganizar las operaciones gubernamentales.

La AGP, presidida por Gastón Benvenuto, es una sociedad del Estado con 581 trabajadores permanentes, encargada de la regulación del puerto de Buenos Aires, así como del mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso. Este organismo depende de la Secretaría de Transporte, ahora dirigida por Franco Mogetta. Sin embargo, en el gobierno se considera que esta entidad duplica atribuciones ya existentes en la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, lo que ha llevado a cuestionar su continuidad.

Por su parte, Corredores Viales es una sociedad anónima con un plantel de 3,565 empleados, encargada de la gestión de las principales rutas y autopistas del país, abarcando 10 tramos de autovías que suman casi 6,000 kilómetros de recorrido, incluyendo rutas clave como la Ruta 16 en Chaco. El presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, enfrenta el argumento de que las funciones de esta empresa son similares a las de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), lo que podría justificar su eliminación.

Este análisis se enmarca en un contexto más amplio de reestructuración en el Gobierno, que también ha anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que cuenta con 269 empleados y es responsable de obras de acceso al agua potable. Además, el Gobierno busca cerrar la ex Ciccone Calcográfica, reestructurar la Casa de Moneda y ha eliminado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La semana pasada, la Casa Rosada también informó sobre el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que resultará en el despido de 1,388 empleados y un ahorro proyectado de $42,000 millones anuales. Este movimiento se suma a la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT), lo que muestra un enfoque claro del gobierno hacia la simplificación y la reducción de gastos en el marco de su política económica actual.