Alerta roja en el Paraná: denuncian penalmente vertidos tóxicos y exigen justicia federal por ecocidio
Fundación CAUCE y el Foro Ecologista de Paraná irrumpieron este 28 de octubre en la Fiscalía Federal con una denuncia penal que apunta a industrias y funcionarios por la contaminación sistemática de los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas, todos tributarios del río Paraná.
El escrito, dirigido al fiscal Leandro Ardoy, invoca los artículos 55 y 56 de la Ley de Residuos Peligrosos y pide inspecciones urgentes, secuestro de documentación y citaciones masivas para frenar lo que califican como “zona de sacrificio ambiental”.
El detonante fue un video viral del 26 de octubre captado por la escuela de kayak A Remarla: las aguas del Espinillo se tiñeron de rojo sangre en el paraje Calzada, un fenómeno repetido desde 2022 y atribuido al rebalse de lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo. Vecinos y científicos sumaron testimonios y un estudio demoledor publicado en Water Environment Research que detectó 5.002 microgramos de glifosato por kilo de sedimento, el récord sudamericano en toxicidad letal para la vida acuática.
Rafael Lajmanovich, investigador de UNL-CONICET y líder del trabajo, no dudó en hablar de “ecocidio”: “Arroyos diminutos reciben efluentes cloacales e industriales sin dilución posible; todo termina en el Paraná, amenazando a más de dos millones de personas aguas abajo”. La denuncia exige peritajes con participación ciudadana, análisis de manifiestos de residuos peligrosos y declaración de funcionarios de Ambiente, Industria y el Municipio de Crespo por presunto incumplimiento.
A pesar de promesas oficiales de monitoreo permanente tras episodios de 2024, la Secretaría de Ambiente admitió en enero de 2025 que nunca implementó la estrategia integral para la cuenca Las Conchas. Este vacío de control, sumado al carácter interjurisdiccional del Paraná, justificó la intervención federal bajo la Ley General del Ambiente, que prioriza la Justicia nacional ante daños que trascienden provincias.
Las organizaciones cerraron con un llamado a la acción colectiva: “El Paraná no es un vertedero; es patrimonio vital”. Mientras los restos rojizos siguen flotando rumbo a la toma de agua de Paraná, la causa penal busca no solo responsables, sino un punto de inflexión para que la remediación deje de ser promesa y pase a ser mandato judicial.
