Condenan por contrabando a un nuevo funcionario provincial
Eduardo Cristina, flamante titular de la Corporación de Salto Grande, fue condenado a pagar $18 millones en una causa por contrabando en una “Aduana paralela”.
Luego de un largo proceso judicial que llevó 20 años, el Tribunal Oral Federal de Paraná emitió sentencia en una causa caratulada como Infracción al Código Aduanero, que consistió en la conformación de una “Aduana paralela” que provocó daños al Estado Nacional mediante el contrabando de mercaderías por unos 3 millones de dólares.
Entre los procesados y ahora penados a pagar por los hechos hay varias personas de Concordia. El más reconocido es Eduardo Cristina, quien fue durante cinco años presidente del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial (EMAPI), precandidato a la intendencia en las últimas elecicones locales dentro de la interna de Juntos por el Cambio, y recientemente nombrado por el gobernador Rogelio Frigerio a cargo de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande).
Según registró El Entre Ríos, en la sentencia se aclara que se llegó a un acuerdo de reparación integral, en la que las personas implicadas en los hechos delictivos deben realizar una serie de pagos a instituciones de bien público (merenderos o comedores comunitarios, hospitales, bomberos voluntarios) destinadas a paliar situaciones de extrema pobreza, cuidado del medio ambiente el sistema de salud. Deberán efectuarlos en 10 días hábiles.
Cristina, como despachante de aduana y agente de transporte, debe pagar 18 millones de pesos a las siguientes instituciones:
$4.000.000 al “Hospital Felipe Heras” de Concordia
$4.000.000 a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia
$4.000.000 a los Bomberos Voluntarios de Colón
$1.500.000 a la Fundación “Huertas de Cannán” de Paraná
$1.500.000 a la “Fundación Luz de Vida” de Paraná
$3.000.000 al “Centro Huella” de Paraná.
Nuevo cargo provincial
Cristina compitió en las internas de Juntos por Concordia por la candidatura a intendente. Fue derrotado en las PASO por Francisco Azcué, que resultó finalmente electo y asumió días atrás como presidente municipal. El ex aduanero terminó designado como presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), nombramiento que agradeció en las redes sociales.
“Quiero agradecer al Sr Gobernador por confiar en mí y brindarme un lugar privilegiado en la administración provincial (…) designación que aceptaré con total orgullo y responsabilidad, comprometiéndome a trabajar para desarrollar, potenciar y revalorizar uno de los lugares más emblemáticos y queridos por todos los concordienses”, manifestó en un posteo.
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“No tengo dudas que trabajaremos fuertemente para llevar a Entre Ríos a convertirse en una de las provincias más importantes de nuestro país”, añadió el flamante funcionario.
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Como informó UNO en su momento, a mediados de 2003 la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) denunció a dos empresas argentinas, a funcionarios aduaneros y a transportistas por maniobras de contrabando, que significaron un perjuicio al Estado nacional por unos 3 millones de dólares. Agentes de Transporte y empleados de la Aduana de Concordia fueron procesados por la denominada causa Aduana Paralela.
La investigación judicial determinó valores declarados muy inferiores a los que se transportaban realmente, sospechando que el propósito era descargar el excedente no declarado en Argentina, para ingresar al mercado local todo tipo de artículos de electrónica, bazar, ferretería e informática.
Los demás condenados
La lista completa de los implicados y el monto que deben pagar:
-Juan Fernando MONTOREANO, de Rosario del Tala, agente de transporte aduanero, domiciliado en Concordia. Debe pagar dos millones de pesos: 1) $1.000.000 al “Hospital Behring de Holt” de Ibicuy y $1.000.000 al “Hogar de Ancianos” de Villaguay.
-Virginia Catalina SILVANO, de Concordia, empleada de AFIP. Debe pagar dos millones de pesos: $1.000.000 a la Fundación “Luz Ibera” y $1.000.000 a la Unidad Penal N° 3 de Concordia, para los gastos de las escuelas, en donde los internos procuran una educación mejor.
-Guillermo Javier IACOBELLI, de Lanús, Buenos Aires, despachante de aduana domiciliado en Capital Federal. Debe pagar 5 cuotas de $500.000 a la cuenta bancaria de la institución “Amparo Maternal” de Paraná, ascendiendo a la suma total de $2.500.000.
-Federico HANSON ROSENDE, de Curuzú Cuatiá, Corrientes, contador público, empleado de AFIP Dirección General de Aduanas, con prestación de servicios en la Aduana de Concordia. Debe pagar dos millones de pesos: $1.000.000 al “Hospital Gregoria Pérez de San Gustavo” de La Paz y $1.000.000 al “Hospital Santa Rosa de Lucas González” de Nogoyá.
-Jorge Alejo BARRERA, de Concordia, empleado de AFIP, Dirección General de Aduanas. Debe pagar 4 cuotas de $500.000: dos al Padre Miguel Velazco, párroco de la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”, y dos al Padre Mario José Taborda, Capellán de la Unidad Penal N° 1
-Benjamín GARCÍA CALVO, de Capital Federal, comerciante. Debe pagar 3 millones de pesos a la institución “Casa de la Mujer” de Concordia.
-Robert TROMBOTTI FERNÁNDEZ, de Montevideo, Uruguay, usuario de zona franca Libertad, almacenador de mercadería. Debe pagar 15.000 dólares a “Cáritas” Paraná y 15.000 dólares a “Cáritas” de la ciudad de Concordia.
-Fernando Alfredo GONZÁLEZ, de Rosario, empleado de un estudio aduanero en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. Debe pagar $2.500.000: $1.250.000 al “Hospital Pascual Palma” de Paraná y $1.250.000 al “Hospital Falucho” de Maciá.
-Omar Alberto CUSTODIO, de Capital Federal, contador público nacional. Debe pagar $3.500.000 a entidades de Paraná: $500.000 al Comedor “Corazones Solidarios”; $500.000 al Comedor “Buscando una Sonrisa”; $500.000 al Merendero “Duendecitos Descalzos”; $500.000 al Merendero “Los Angelitos”, $500.000 al Merendero “Nuestros Niños”; $500.000 al Merendero “Grillito Verde” y $500.000 al Merendero “Las Piedras”.
-Jorge DUFAU, de Capital Federal, comerciante. Debe pagar $2.500.000: entre otros, $1.000.000 a la “Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones – Juan XXIII” de Concordia; $500.000 al “Hogar de Cristo de la Capilla de la Virgen de Lourdes” de Paraná; $500.000 a la institución “FUNDNEO” – Fundación Neonatológica del Hospital San Roque de Paraná; y $500.000 a la institución “FONBEC” Fondo de Becas para Estudiantes.
-Juan Carlos IMPRINGLIO, de Mendoza, transportista. Debe pagar 3 millones de pesos: $1.000.000 a la Escuela Especial N° 25 “María Ana Mac Cotter de Madrazo” de Concordia; $500.000 a “E.S.J.A. N° 6 Amanda Mayor” Unidad Penal N° 6 de Paraná; $500.000 a la Escuela Secundaria “Dr. Esteban L. Maradona” N° 29 de la Unidad Penal N° 1 de Paraná; $500.000 a la “Asociación Integrar para incluir” de Concordia; $500.000 a la Asociación de Padres, Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad de la ciudad de Victoria.
-Sergio Alejandro IMPRINGLIO, de Godoy Cruz, Mendoza, transportista. Debe pagar cuatro millones de pesos: $2.000.000 a los “Bomberos Voluntarios” de Victoria; $500.000 a la Escuela Primaria de la Unidad Penal N° 1 Y 6 de Paraná; $500.000 repartidos entre el Merendero – Comedor “Los Niños Primero”, el Predio Cultural y Deportivo “Los Berros”, el Merendero “Lucerito”, el Merendero “Dejando Huellitas” y la Escuela Primaria N° 1 “Dr. César Blas Pérez Colman”, todas de Paraná; $500.000 a Escuela Secundaria “Poeta Juan L. Ortiz” de Estación Parera, Paraná; y $500.000 a la Escuela Primaria “Dominguito” de La Picada.
