Cueva Financiera: La UIF aceptada como querellante en juicio por lavado de activos y operaciones ilegales
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió aceptar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en una causa judicial que investiga a cinco personas por operar una “cueva” financiera en el exclusivo Complejo Amarras Center de Santa Fe.
Los acusados están imputados por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y otros delitos relacionados. El expediente fue elevado a juicio en diciembre de 2024 a pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, quien lidera la investigación junto a los fiscales Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso.
Las defensas de los principales acusados, los diamantinos, Ángel Yamil Benavídez y Juan Emilio Gastaldo, impugnaron la participación de la UIF en el proceso, argumentando que su ámbito de actuación se limita a casos vinculados al narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la UIF rechazaron esta interpretación, señalando que la ley permite al organismo intervenir en casos de lavado de activos provenientes de diversos delitos, no solo los mencionados expresamente en la normativa.
La Cámara Federal respaldó la postura de la UIF y la Fiscalía, destacando que el término “preferentemente” utilizado en la ley no implica un carácter restrictivo, sino enunciativo. Los jueces Silvia Andalaf Casiello y Aníbal Pineda subrayaron que la UIF tiene competencia para intervenir en casos de lavado de activos, independientemente del origen ilícito de los fondos. Con esta decisión, se rechazaron los planteos de las defensas y se confirmó la participación del organismo en el juicio.
La investigación reveló que la “cueva” financiera operó hasta septiembre de 2023 en un departamento del Complejo Amarras Center, donde se realizaban transacciones ilegales con divisas. Durante un allanamiento, se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, tarjetas de débito falsas y documentos de identidad de personas vulnerables, cuyas cuentas eran utilizadas para blanquear dinero. Benavídez, considerado el líder de la operación, enfrenta cargos por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y defraudación, entre otros delitos.
Además de Benavídez, otros cuatro imputados serán juzgados por su participación en la estructura delictiva. La contadora María Laura Miassi está acusada de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, mientras que Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci enfrentan cargos por roles específicos en las operaciones ilegales. El caso, que involucra transferencias por más de 300 millones de pesos, expone una red compleja de actividades financieras ilícitas que operaba al margen de los controles estatales.
