Denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: Milei Intenta Frenar la Búsqueda de Bebés Robados Durante la Dictadura
Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno de Javier Milei prepara un decreto para impedir que desde el Ejecutivo se busque a los bebés robados durante la dictadura.
El juez Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar para que no pueda destruir la información en poder del organismo. Esta medida judicial se produjo en la misma semana en que Milei y Victoria Villarruel se subieron a un tanque de guerra para refrendar su pacto con las Fuerzas Armadas.
La justicia federal de La Plata ordenó preservar toda la documentación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), organismo del Poder Ejecutivo encargado de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. El juez federal Ernesto Kreplak consideró esta documentación “insustituible” para aquellas personas que aún no conocen sus orígenes y que son buscadas desde hace más de 45 años por Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde hace meses, el gobierno viene gestando una embestida contra la Conadi. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación al organismo. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descalificó la labor de la Conadi, calificándola de “organismo militante”. Además, Florencia Zicavo, jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para quitarle a la Conadi las facultades de investigar y acceder a los archivos estatales.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció que estaba en marcha una maniobra para obstaculizar la búsqueda de los nietos y nietas que aún falta recuperar. La auxiliar fiscal Ana Oberlin solicitó que se preserve toda la documentación en poder de la Conadi, destacando que su acervo documental es “indispensable” para la labor del Ministerio Público Fiscal. El juez Kreplak ordenó al Ejecutivo que resguarde toda la información conseguida desde 1992, advirtiendo que la desarticulación de la Conadi podría obstaculizar las investigaciones en curso.
El gobierno de Javier Milei busca frenar las políticas de memoria, verdad y justicia. En la Secretaría de Derechos Humanos se contabilizan 82 despidos, afectando áreas como los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria. Una de las primeras acciones del gobierno fue desmantelar los equipos que analizaban los documentos de las Fuerzas Armadas para aportar información a las causas por crímenes de lesa humanidad, lo que ha sido celebrado por los acusados de estos crímenes.
