Denunciaron a Milei por vetar la ley de movilidad jubilatoria
El presidente Javier Milei fue denunciado este lunes por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras vetar la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso.
La abogada Valeria Carreras presentó la denuncia ante los tribunales federales de Retiro, solicitando la intervención de la UFI PAMI, especializada en delitos previsionales. Según Carreras, el veto podría constituir no solo un incumplimiento de deberes, sino también un plan sistemático contra los jubilados.
La ley vetada por el presidente Milei establecía que el haber mínimo no podía ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, actualmente de 285 mil pesos. Además, incluía un pago extra del 8% para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero, y una fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La actualización sería semestral, con un aumento adicional anual en marzo.
El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley sancionada por el Congreso era “violatoria del marco jurídico vigente” y no contemplaba el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento. Según el decreto 782/2024, la implementación de la ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente 6 billones de pesos para 2024 y 15 billones para 2025, lo que dificultaría la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La abogada Carreras afirmó que el veto presidencial debería investigarse como parte de una política de maltrato al adulto mayor. Subrayó que no se puede permitir el abuso de poder contra un sector vulnerable como los jubilados. Carreras pidió que se la cite a ratificar su denuncia, destacando la gravedad de las medidas del Poder Ejecutivo por incumplir tratados internacionales y la Constitución Nacional.
La ley vetada beneficiaba a los jubilados respecto a la fórmula actual implementada por el Gobierno. Además de establecer un haber mínimo acorde a la canasta básica, la ley proponía una fórmula de movilidad más favorable y la cancelación de deudas de las cajas previsionales provinciales por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales. El veto presidencial deja sin efecto estas mejoras, generando preocupación entre los jubilados y sus defensores.
Nota con información de Noticias Argentina
