Doble retiro millonario: la polémica trayectoria de una funcionaria en Yacyretá

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras conocerse el caso de Dolores Dolberg, una funcionaria que logró acogerse a dos retiros voluntarios con jugosas indemnizaciones.
Su primer retiro se produjo al finalizar el gobierno de Mauricio Macri, cuando cobró cerca de $2 millones mensuales durante cuatro años. Sin embargo, con el cambio de administración y la llegada de Javier Milei, Dolberg regresó a la EBY bajo la gestión de Alfonso Peña, un cercano al expresidente Macri.
El escándalo crece al descubrirse que, en su segunda etapa en Yacyretá, Dolberg participó activamente en el diseño de un nuevo plan de retiros voluntarios… del cual ella misma se benefició. Gracias a esta maniobra, la abogada ahora percibirá $12 millones mensuales hasta su jubilación, generando duras críticas por lo que muchos consideran un claro abuso de privilegios dentro del organismo.
Alfonso Peña, actual director ejecutivo de la EBY por Argentina, tiene un historial de vínculos con el entorno macrista. Fue compañero de colegio de Macri en el Cardenal Newman y trabajó en Mirgor, empresa ligada a Nicolás Caputo. Además, en 2008 estuvo involucrado en la polémica compra-venta del terreno del Hospital Ferroviario, operación que dejó millonarias ganancias tras un cambio en la zonificación aprobado por el gobierno porteño de entonces.
La reincorporación de Dolberg no fue un caso aislado: con Peña al mando, varios exfuncionarios del macrismo regresaron a la EBY. Sin embargo, su doble retiro con beneficios millonarios ha puesto en evidencia lo que algunos denuncian como una estructura de prebendas y maniobras cuestionables al interior del organismo binacional.
Este nuevo episodio reaviva las sospechas sobre la administración de Yacyretá, históricamente señalada como foco de irregularidades. Mientras la funcionaria asegura haber actuado dentro del marco legal, el caso ha reabierto el debate sobre la falta de controles en el uso de fondos públicos y los privilegios de ciertos cargos políticos, incluso en gobiernos que prometieron terminar con los “curros” del Estado.