El Gobierno nacional eliminará más de 120.000 pensiones
El Gobierno Nacional ha iniciado un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses.
Esta medida responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha comenzado la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos o quienes cuentan con un empleo formal.
El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.
