Entre Ríos demanda a la Nación por deuda de 175 millones de dólares

Esta acción sigue la línea de presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, siendo las primeras en la historia de la provincia.

La provincia de Entre Ríos ha recurrido nuevamente a la Justicia para que la Nación salde una deuda de 175 millones de dólares, derivada de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

El Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país. La presentación se realizó este miércoles ante el máximo tribunal argentino, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande y modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales. Así lo explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en una conferencia de prensa junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM). Estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Según el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá, debido a que la Secretaría de Energía de la Nación no considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999.

Para revertir esta situación, la provincia exige que se declaren inconstitucionales las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999. Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares. La secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como fundamental, subrayando que se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos.