Entre Ríos reclama casi US$1.000 millones a la Nación en dos demandas históricas
La provincia de Entre Ríos ha iniciado dos acciones judiciales contra el Estado Nacional que suman reclamos cercanos a los mil millones de dólares, marcando un hito sin precedentes en la historia jurídica de la provincia.
Bajo las órdenes del gobernador Rogelio Frigerio, la Fiscalía de Estado elevó las demandas a la Corte Suprema de Justicia, posicionando a Entre Ríos como una de las jurisdicciones con los reclamos económicos más significativos contra el gobierno federal.
El primer litigio se centra en el incumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017 por parte de la ANSES, específicamente en la asistencia financiera a los regímenes previsionales provinciales no transferidos. La deuda, que inicialmente superaba los $154.000 millones, ya ascendería a más de $200.000 millones actualizados. Entre los conceptos reclamados se incluyen diferencias en tasas patronales desde 2017, ajustes por movilidad previsional desde 2020, y demoras en las transferencias, todos con sus respectivos intereses.
El segundo juicio, de mayor envergadura económica, exige el cumplimiento del acuerdo por los excedentes de la represa binacional de Salto Grande. La provincia alega que la Nación modificó unilateralmente las reglas de distribución mediante resoluciones de la Secretaría de Energía, reduciendo drásticamente los fondos que debían recibir Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El reclamo específico asciende a US$724 millones en concepto de fondos no percibidos.
Esta semana, las autoridades provinciales reforzaron su posición al ampliar formalmente la demanda por Salto Grande. El gobernador Frigerio y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes precisaron los montos reclamados y solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que afectaron los ingresos provinciales. “Buscan restablecer el equilibrio económico original del pacto, vulnerado por decisiones unilaterales del gobierno nacional”, señalaron fuentes oficiales.
Los dos procesos judiciales representan un desafío significativo para las arcas nacionales y podrían sentar precedentes en materia de relaciones fiscales interjurisdiccionales. Mientras la ANSES deberá responder por el incumplimiento de los pactos previsionales, el caso Salto Grande podría redefinir los criterios de distribución de recursos en proyectos hidroeléctricos binacionales, con implicancias para otras provincias afectadas por emprendimientos similares.
