Escándalo en ATE: Sospechas de desfalco y reunión bajo irregularidades
El pasado lunes se realizó una asamblea en la sede sindical para analizar el presunto desfalco cometido por el secretario general Amílcar Miño y su posible remoción del cargo.
Sin embargo, el encuentro comenzó bajo circunstancias sospechosas: los asistentes encontraron una puerta trasera forzada y la desaparición de equipos clave, como una computadora y mobiliario, según confirmaron fuentes internas.
Pese al evidente indicio de robo, los presentes decidieron continuar con la reunión sin notificar de inmediato a la policía, lo que pudo haber alterado pruebas cruciales como huellas dactilares o rastros del presunto delito. Además, testigos afirmaron que algunas personas accedieron al patio por la puerta dañada durante la asamblea, y solo al finalizar se hizo el llamado a las autoridades, generando dudas sobre la transparencia del procedimiento.
Durante la reunión, se reveló que la supuesta deuda inicial de $12.000.000 se habría disparado a cerca de $60.000.000, incluyendo cheques sin fondos, pagos pendientes y la pérdida de un vehículo retirado por un acreedor. Miño, quien sigue sin dar explicaciones públicas, también estaría vinculado a la desaparición de las escrituras de un terreno, aunque algunos miembros del sindicato se negaron a formalizar una denuncia penal, alimentando sospechas de encubrimiento.
Surgen interrogantes sobre la posible participación de más personas en el presunto fraude, ya que, según protocolos bancarios, las extracciones de grandes sumas requieren múltiples firmas autorizadas. “Miño no pudo actuar solo: ¿quiénes firmaron esos documentos y con qué justificación?”, cuestionaron algunos asistentes. La falta de acciones legales inmediatas aumenta los rumores sobre temores internos o posibles implicados en el caso.
Este medio intentó obtener declaraciones de la cúpula provincial del sindicato, pero hasta el momento no han brindado respuestas concretas. Prometieron acudir a la redacción para ofrecer su versión, pero la demora en esclarecer los hechos profundiza la desconfianza entre los afiliados, quienes exigen transparencia y justicia frente a lo que parece ser un grave caso de corrupción institucional.
