Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: 200 presos cobraban pensiones por invalidez
La investigación revela un mal uso de los recursos públicos en una de las áreas más sensibles del Estado.
El gobierno de Javier Milei ha denunciado que 200 presos cobraban pensiones no contributivas por invalidez laboral, involucrando a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un escándalo que apunta a irregularidades durante la gestión de Paula Martínez, ex funcionaria de Alberto Fernández.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación y la ANDIS, se descubrió que 331 prófugos de la justicia y 200 presos, algunos en prisión preventiva y otros ya condenados, recibían estas pensiones. La cifra podría ser aún mayor, ya que cada servicio penitenciario provincial tiene información adicional sobre los reclusos.
La denuncia señala que durante la gestión de Paula Martínez se flexibilizaron los controles para otorgar pensiones, permitiendo el acceso a personas que no cumplían con los requisitos. Casos llamativos incluyen a un hombre de 40 años que recibió la pensión tres días después de iniciar el trámite, y otro de 41 años que, estando en prisión domiciliaria, consiguió su pensión en seis días.
Paula Martínez, nombrada al frente de la ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández, está en el centro de la investigación judicial. Durante su gestión, se otorgaron 300.000 nuevas pensiones, muchas en los últimos días del gobierno anterior. Las auditorías revelan que este sistema fue utilizado como un “plan platita” para beneficiar a determinadas personas sin cumplir los requisitos legales.
La fiscalía, a cargo de Guillermo Marijuán, investiga la modificación de la normativa que permitió flexibilizar los controles de las pensiones, provocando descontrol en su distribución. La gestión de Martínez también estuvo involucrada en actividades de promoción política en distintas provincias, otorgando pensiones de forma irregular en actos públicos.
El gobierno actual ha denunciado que este sistema de pensiones fue una de las “cajas” más importantes del Estado, detrás de entidades como ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social. La red de irregularidades y abusos pone en evidencia las malas prácticas de la gestión anterior y la falta de controles en la asignación de recursos públicos.
