Gobierno busca relanzar licitación de la Hidrovía con cambios en los pliegos
El titular de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, se reunió con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera, la Cámara de Puertos Privados y la Bolsa de Comercio de Rosario para analizar modificaciones a los pliegos de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Tras el fracaso del primer intento, el gobierno nacional mostró flexibilidad para incorporar propuestas del sector privado y evitar un nuevo revés en la búsqueda de un operador.
Durante el encuentro, los empresarios agroindustriales presentaron una serie de sugerencias para mejorar los términos de la licitación. Arreseygor se mostró abierto a reducir el plazo de la concesión, que originalmente era de 30 años con posibilidad de extensión por otros 30, y evaluó opciones como 20 años más 10 o 15 años más 5. Además, consideró aumentar la profundidad de dragado a 40 pies, frente a los 39 propuestos inicialmente, y precisar los plazos para futuras profundizaciones.
El funcionario también mantuvo firmeza en dos aspectos clave: no dividir la concesión en dos partes (dragado y balizamiento) ni separar la Hidrovía en dos tramos (Río de la Plata y Río Paraná). Estas propuestas, impulsadas por algunos actores del sector, fueron descartadas. Sin embargo, el tema de las tarifas de referencia, criticadas por ser demasiado altas, quedó en suspenso. El gobierno insistió en la necesidad de mantener servicios de primer nivel, pero no cerró la puerta a revisar costos adicionales que encarecen el peaje.
Los representantes del sector agroexportador se mostraron optimistas tras la reunión, destacando la disposición del gobierno a escuchar sus demandas. Sin embargo, mantienen cautela debido a experiencias anteriores en las que las promesas no se tradujeron en acciones concretas. Un ejemplo fue la anterior licitación, donde los pliegos se presentaron sin considerar aportes técnicos que el sector privado había invertido en preparar.
Arreseygor adelantó que en las próximas semanas se convocarán mesas de consulta con los actores involucrados para avanzar en el proceso. El objetivo es tener todo resuelto en seis meses, aunque el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas del sector privado con sus propias exigencias, sin margen para cambios radicales. Mientras tanto, los empresarios siguen atentos, esperando que esta vez las palabras se traduzcan en hechos concretos.
