Imponen prisión domiciliaria a Álvaro Uribe en Colombia
En un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial de Colombia, la jueza Sandra Liliana Hernández ha dictado prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Aunque se le exoneró del cargo de soborno simple, esta decisión marca la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal de esta magnitud.
La investigación demostró que Uribe utilizó al abogado Diego Cadena como intermediario para sobornar a exparamilitares, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, con el objetivo de manipular sus testimonios. Las acciones estaban dirigidas a desacreditar al senador Iván Cepeda Castro, vinculado por Uribe con supuestos hechos ilegales. Según el fallo, el expresidente estuvo directamente involucrado y tenía pleno conocimiento de las maniobras legales que se realizaban en su nombre.
Además, quedó en evidencia que se ofrecieron incentivos económicos a los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, alias ‘Diana’ y ‘Víctor’, para que retractaran declaraciones comprometedoras sobre reuniones con Uribe durante su gestión como gobernador de Antioquia. La jueza descartó el argumento de la defensa que intentaba presentar a Cadena como actor independiente, reafirmando la responsabilidad del exmandatario en los delitos cometidos.
El fallo, que será complementado con la sentencia definitiva el próximo 1 de agosto, impone una pena que oscila entre cuatro y ocho años, aunque por el tipo de delitos se aplicará prisión domiciliaria. El abogado defensor Jaime Granados Peña ya ha anunciado que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando la “incólume inocencia” de su cliente.
Este caso ha sido calificado como histórico y representa un hito en el sistema judicial colombiano. La condena contra Uribe no solo pone en evidencia el alcance de la justicia en el país, sino que también plantea preguntas sobre la relación entre poder político y legalidad. La resolución judicial, ampliamente difundida y debatida, podría tener implicaciones profundas en el panorama político y social de Colombia.
