Justicia ordena a cámaras legislativas de Entre Ríos brindar información pública
La Justicia provincial ha fallado a favor de la ONG “Entre Ríos sin Corrupción” en dos amparos presentados para exigir a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados que respondan a solicitudes de acceso a la información pública. La ONG había solicitado detalles sobre contratos de personal y subsidios desde 2022 hasta la fecha, sin recibir respuesta dentro del plazo estipulado, lo que llevó a la intervención judicial.
El 29 de julio, el Senado envió un escrito a la ONG con copias de decretos pero sin los anexos con los nombres del personal contratado, alegando que se trata de información “sensible”. La ONG consideró que esta respuesta no cumplía con lo solicitado y presentó una queja ante el juez Gervasio Labriola, quien ordenó al Senado proporcionar la información completa en un plazo de cinco días hábiles. El fallo incluye la publicación de todas las resoluciones y contratos de locación de obra con sus anexos completos, así como detalles de los contratistas y el personal permanente.
En el caso de la Cámara de Diputados, la jueza de Paz María Cottet también falló a favor de la ONG, ordenando la entrega de la información solicitada. Esta incluye resoluciones administrativas, contratos de locación de obra y servicios, y listados de beneficiarios de subsidios. La jueza estableció un plazo de diez días hábiles para cumplir con la orden, permitiendo la ocultación de datos sensibles o personales si es necesario.
Ambos fallos destacan la importancia del acceso a la información pública y la transparencia en la gestión de recursos públicos. Los jueces señalaron que la información solicitada no puede ser considerada reservada o sensible, y que debe estar disponible para cualquier ciudadano interesado. La jurisprudencia en la materia respalda la obligación de las entidades públicas de proporcionar esta información sin invocar excepciones injustificadas.
La resolución de estos amparos subraya la necesidad de mecanismos efectivos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. La actuación de la Justicia en estos casos refuerza el principio de transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito legislativo, asegurando que los ciudadanos puedan conocer cómo se gestionan los recursos públicos y quiénes son los responsables de su administración.
