Kueider denuncia “persecución política” mientras enfrenta proceso por contrabando de divisas
Desde su arresto domiciliario en Paraguay, el exsenador entrerriano Edgardo Kueider rompió su silencio para atribuir su situación judicial a represalias políticas por su apoyo a la Ley Bases.
El legislador, detenido en febrero al intentar ingresar a territorio paraguayo con USD 200.000 no declarados, sostuvo en entrevista con Radio Mitre que las acusaciones en su contra responden exclusivamente a su voto favorable al paquete de reformas del Gobierno en junio de 2024.
“Las denuncias surgieron casualmente tras mi voto a la Ley Bases”, afirmó Kueider al periodista Eduardo Feinmann, insinuando una maniobra orquestada por sectores kirchneristas para desestabilizar al Gobierno. El exfuncionario, que se desempeñaba como ministro de la provincia de Entre Ríos al momento de su detención, argumentó: “Había una intención clara de hacer caer al gobierno democrático, y mi convicción fue defenderlo”.
Consultado directamente sobre si había recibido los USD 200.000 como compensación por su voto, Kueider respondió con evasivas: “Le acabo de explicar los motivos de mi voto. No hay otros”. La defensa del exsenador choca con la investigación fiscal que sigue su curso, donde se analizan posibles vínculos entre el dinero incautado y su apoyo legislativo al oficialismo.
Sobre los polémicos videos que lo muestran manipulando grandes sumas de efectivo junto a su secretaria, Kueider ofreció una explicación técnica: “Eran fondos reservados de la provincia, debidamente auditados”. Aseguró que las imágenes fueron captadas por cámaras que él mismo instaló, aunque no aclaró por qué ese dinero no fue depositado en cuentas bancarias, como establecen los protocolos de transparencia.
El caso sigue abierto tanto en Argentina, donde se investiga el origen de los fondos, como en Paraguay, donde enfrenta cargos por contrabando de divisas. Mientras la Justicia avanza, Kueider insiste en su teoría de “persecución política”, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. La controversia reaviva el debate sobre los límites entre la responsabilidad penal y las disputas políticas en casos de corrupción.
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