Operativos de Gendarmería sacuden Paraná por investigación a empresarios vinculados al peronismo

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Imagen ilustrativa

Ayer por la mañana, la ciudad de Paraná fue el centro de una serie de allanamientos llevados a cabo por la Gendarmería Nacional, en una operación que apunta directamente a los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul.

Los empresarios, conocidos por su firma de seguridad que se ha beneficiado con contratos estatales, se encuentran bajo la lupa de la justicia por supuestos delitos económicos vinculados con la política local. La jueza Arroyo Salgado dirige las investigaciones que han puesto en jaque a estos prestadores estatales, quienes habrían crecido en influencia y poder gracias a sus conexiones con destacadas figuras del peronismo entrerriano.

La magnitud de los operativos fue notoria, con intervenciones en el exclusivo barrio Puerto Urquiza, entre otras localizaciones estratégicas, incluyendo la sede de ENERSA, la empresa de energía provincial donde la seguridad de los Tórtul ha estado presente por largo tiempo. Estos procedimientos tienen su origen en antiguas adjudicaciones de servicios de vigilancia por parte de la administración de Jorge Busti, las cuales fueron señaladas por irregularidades. Desde aquel entonces, los hermanos consolidaron su ascendencia durante la gestión de Sergio Urribarri, y siguieron gozando de la confianza del peronismo, especialmente bajo la gestión de Gustavo Bordet, quien les reafirmó como custodios estatales en sus mandatos consecutivos.

La Rosca confirmó que, en horas recientes, en las oficinas de ENERSA se ha requerido documentación no sólo relacionada con la empresa de los Tórtul sino también con el desempeño de exfuncionarios de gestiones peronistas previas. Esta pesquisa, liderada por la exesposa del difunto fiscal Alberto Nisman y jueza federal de San Isidro, persigue indicios de delitos como lavado de activos y evasión fiscal, lo que podría desvelar una red de corrupción que se extiende más allá de los negocios particulares de los hermanos empresarios.

Aunque todavía no se han difundido los nombres específicos de los funcionarios investigados por los presuntos delitos, fuentes cercanas al caso aseguran que se trata de individuos con altos perfiles económicos y técnicos, que habrían influido en la contratación y operaciones de la empresa energética. En tanto, los extensos vínculos de los Tórtul con el peronismo local eran un secreto a voces en los círculos políticos de Entre Ríos, una situación que ahora parece desembocar en un escándalo con resonancias nacionales.

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