Polémica por el Decreto 138/25: Artistas y entidades rechazan la desregulación de los derechos de autor
El Gobierno nacional, a través del Decreto 138/25, impulsó una reforma que permite a los artistas gestionar individualmente sus derechos de autor o crear nuevas entidades de gestión colectiva, eliminando el monopolio de las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) como SADAIC, ARGENTORES y AADI.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una “liberación” del control estatal sobre la cultura. Sin embargo, artistas y entidades culturales la consideran un ataque a sus derechos y una amenaza a su sustento económico.
Sturzenegger justificó el decreto alegando que el sistema actual, que data de la dictadura de Onganía, permitía al Estado controlar los ingresos de los artistas y beneficiarse de ellos. Sin embargo, las SGC, que surgieron mucho antes de ese régimen, han sido históricamente herramientas clave para proteger los derechos de autores, compositores, intérpretes y otros creadores. ARGENTORES, por ejemplo, fue fundada en 1934, SADAIC en 1936 y AADI en 1954, y han jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos intelectuales, logrando avances significativos como el cobro por repeticiones en televisión y cable.
Las críticas al decreto no se hicieron esperar. SADAIC emitió un comunicado en el que denuncia que la medida obliga a “regalar el fruto de nuestro trabajo intelectual”, afectando no solo a los artistas, sino también a sus familias y a toda la cadena de trabajadores del entretenimiento. Por su parte, ARGENTORES señaló que la desregulación pone en peligro la subsistencia de los creadores, ya que las SGC son la herramienta más eficaz para garantizar el cobro y la distribución justa de los derechos de autor. La Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó su rechazo, advirtiendo que el decreto fomenta el “sálvese quien pueda” y beneficia a grandes corporaciones en detrimento de los artistas.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que los artistas gestionen sus derechos de manera individual. Diana Zapata, artista asociada a AADI, explicó a Neo Net Music que esta opción es “impracticable”, ya que resulta imposible para un creador rastrear el uso de sus obras en múltiples plataformas y países sin la estructura de las SGC. Además, destacó que estas entidades mantienen acuerdos de reciprocidad con sociedades de gestión de todo el mundo, lo que garantiza que los derechos lleguen a sus dueños legítimos. Sin este sistema, los artistas más pequeños quedarían en desventaja frente a las grandes empresas.
El decreto también establece que la Dirección Nacional del Derecho de Autor, bajo el Ministerio de Justicia, tendrá un rol clave en la autorización y supervisión de las nuevas entidades de gestión. Esto ha generado preocupación por la discrecionalidad que podría ejercerse en la concesión o revocación de permisos. Mientras el Gobierno celebra la medida como un avance hacia la libertad, los artistas y las SGC advierten que, en la práctica, esta desregulación debilita sus derechos y beneficia principalmente a los grandes actores del mercado, dejando a los creadores en una posición de vulnerabilidad. La batalla legal y política por la defensa de los derechos de autor recién comienza.
