Polémica por visitas de diputados libertarios a genocidas en penales de Buenos Aires
La controversia en torno a las visitas de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, Buenos Aires, se intensifica.
El Gobierno ha confirmado que los legisladores también estuvieron en el penal de Campo de Mayo, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Seguridad, estas visitas fueron “inspecciones de carácter institucional”, aunque no se aclaró si la vicepresidenta Victoria Villarruel participó en ellas.
La visita del 11 de julio a genocidas en Ezeiza provocó una fractura en el bloque de LLA en la Cámara de Diputados. Lourdes Arrieta, quien renunció antes de ser expulsada, reveló detalles comprometedores de la visita y expuso a otros funcionarios. Arrieta mostró mensajes de WhatsApp en los que los legisladores discutían sobre cómo mejorar las condiciones de alojamiento de los detenidos, y mencionó que el diputado Beltrán Benedit organizó una visita para el 15 de marzo con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A pesar de las discusiones internas, no se presentaron informes oficiales ante el Servicio Penitenciario Federal ni observaciones ante la Justicia sobre las condiciones de alojamiento en los penales. Arrieta y la diputada Rocío Bonacci, quienes participaron en la visita a Ezeiza, no mencionaron haber inspeccionado las celdas, ya que la reunión con los detenidos se realizó en el salón de usos múltiples.
Arrieta también aportó mensajes a la Justicia que implican a Guillermo Montenegro y otros legisladores en las visitas a los detenidos. Una de estas visitas fue a Norberto Cozzani, mano derecha del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Cozzani cumplía una condena a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad hasta su muerte en 2022. La vicepresidenta Villarruel justificó estas visitas como parte de un trabajo de campo para un libro.
Ante las consultas sobre los ingresos de Villarruel a los penales, el Ministerio de Seguridad respondió que no podía brindar información por falta de interés público. Sin embargo, Página/12 reportó que hay registros de ingresos de la funcionaria a unidades del Servicio Penitenciario Federal en los últimos dos años.
