La medida se adoptó en el marco de la investigación vinculada al caso de Leonardo Airaldi y la presunta circulación de teléfonos celulares prohibidos dentro del establecimiento.
Uno de los agentes alcanzados es un suboficial con jerarquía de cabo primero que se desempeñaba como celador y mantenía contacto cotidiano con los internos. El segundo es un oficial que anteriormente ocupó la jefatura de Seguridad Interna y que, al momento de la decisión, cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional.
La resolución administrativa se conoció después de nuevos procedimientos judiciales realizados por Gendarmería Nacional. Los operativos incluyeron un allanamiento en la Oficina de Tratamiento Correccional de la cárcel y otro simultáneo en el domicilio particular de un trabajador vinculado a esa dependencia.
Ambos funcionarios fueron pasados a disponibilidad, una medida que no implica declaración de culpabilidad. La investigación pone bajo la lupa no solo el ingreso de dispositivos prohibidos, sino también los mecanismos de control y las responsabilidades dentro de la unidad penal.
El caso Airaldi ya había generado procedimientos anteriores en el penal, en los que se secuestraron dispositivos electrónicos. Estas nuevas actuaciones profundizan el análisis sobre el funcionamiento interno de la UP 9 y las posibles fallas en la supervisión del establecimiento.
