La medida entra en vigencia con su publicación oficial, aunque el Congreso tiene un plazo máximo de 120 días para convalidarla y mantener su validez.
La iniciativa alcanza a las plataformas de apuestas digitales y establece restricciones a la publicidad de las empresas del sector. El Gobierno brasileño presentó la decisión como una respuesta al endeudamiento de los hogares vinculado a las apuestas, que el ministro de Hacienda, Dario Durigan, calificó como un problema de salud pública grave.
Según datos oficiales, más de 60.000 millones de reales de los hogares se destinaron a empresas de apuestas legales. El Ejecutivo también anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley bajo régimen de urgencia para incorporar esta actividad al Código Penal.
La decisión impacta de lleno en el fútbol brasileño: trece de los veinte equipos de la primera división masculina tenían a una casa de apuestas como principal patrocinador de sus camisetas. Clubes como Flamengo y Palmeiras advirtieron que el cambio asesta un golpe al deporte profesional, las divisiones juveniles, el fútbol femenino y las disciplinas olímpicas.
La prohibición representa un giro respecto de la legalización de 2018 y del esquema de regulación, autorizaciones e impuestos impulsado en los últimos años. Anunciada a nueve días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, generó cuestionamientos de sectores del deporte y de las apuestas por sus posibles efectos económicos y el riesgo de crecimiento del mercado ilegal.