Silencio Judicial: Ciudadanos buscan respuestas en la lucha contra la corrupción
En un llamativo episodio que se prolongó por más de dos meses, un grupo de ciudadanos pertenecientes a la ONG “Entre Ríos Sin Corrupción” decidió judicializar su pedido de acceso a la información pública.
La historia comenzó el 24 de mayo de 2024, cuando presentaron notas en las cámaras de senadores y diputados solicitando detalles sobre la contratación de personal y la asignación de subsidios. Sin embargo, hasta el 26 de julio, ninguna de las cámaras ofreció una respuesta, incluso ante precedentes preocupantes como la “Causa Contratos” o el “Caso Chocolate”.
La ONG presentó sendos amparos para resolver la situación. La jueza Marcela Cottet deberá resolver el amparo dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que el juez Gervasio Pablo Labriola se encargará del caso del Senado.
En un documento de 14 páginas, los ciudadanos argumentan que la falta de respuestas ha vulnerado su derecho constitucional de acceso a la información pública. Solicitan que se ordene a las cámaras proporcionar la información detallada y publicarla para que toda la ciudadanía pueda conocerla. Los puntos específicos que requieren son:
- Copia de resoluciones y actos administrativos aprobando contratos de locación de obra entre 2022 y 2024, con anexos completos.
- Detalles de contratistas según categorías presupuestarias.
- Nombre del legislador o autoridad que solicitó la contratación de cada asesor.
- Listado completo de personal de planta permanente en diferentes fechas.
- Listado de contratos de locación de servicio celebrados entre 2022 y 2024.
- Beneficiarios de subsidios con CUIT e importe aprobado.
Consulta de la redacción al Dr Nelson Schlotahuer
Consultado el abogado local Nelson Schlotahuer, quien patrocino en el año 2004 el primer amparo por información pública en Entre Ríos y durante años trabajo en el tema, nos manifestó: “Resulta muy estimulante que un grupo de ciudadanos ejerza el derecho constitucional a la información pública, sobre todo en un tema tan sensible como es el uso de los fondos públicos para fines políticos, sea a personas que puedan resultar parientes o militantes pero que no suman desde el conocimiento y la experiencia, pero sobre todo en el marco de una provincia donde se investiga uno de los mayores desfalcos al Estado y que se dio con dineros administrados por la Legislatura Provincial, así que esperemos que los Jueces intervinientes acompañen el pedido, y de paso, que quede claro que cualquier poder del Estado (también Judicial o Ejecutivo) se hallan alcanzados por la normativa que obliga suministrar información pública”.
La ONG enfatiza que estos datos no son sensibles ni privados y no afectan el honor de las personas. Además, citan jurisprudencia que respalda el derecho al acceso a la información pública. El caso, lejos de ser secreto, busca mayor transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión gubernamental .
