Sindicatos globales advierten al FMI sobre el impacto social y laboral de las políticas de Milei
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La Confederación Sindical Internacional (CSI), que agrupa a organizaciones obreras de todo el mundo, expresó su preocupación por las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina.
En una carta dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la CSI instó al organismo a evaluar las consecuencias sociales, ambientales y económicas de su apoyo a la administración de Milei. El secretario general de la CSI, Luc Triangle, firmó el documento, en el que se advierte que el respaldo del FMI a políticas que debilitan los derechos laborales y la cohesión social podría agravar la desigualdad y las tensiones en el país.
La misiva destaca que, en su primer año de gestión, el gobierno de Milei ha impulsado medidas que erosionan los derechos laborales, precarizan el empleo y debilitan la protección social. Entre las políticas criticadas se encuentran la desregulación masiva, la pérdida de empleos formales y el aumento de la informalidad laboral, así como la caída del poder adquisitivo del salario mínimo. Además, la CSI señala que estas medidas han llevado a un incremento significativo de la pobreza y la indigencia, afectando gravemente a la población más vulnerable.
El documento también cuestiona el impacto de las políticas de ajuste fiscal y desindustrialización, que han provocado el cierre de más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs). La CSI advierte que el superávit fiscal logrado por el gobierno se ha conseguido a costa de recortes en la inversión pública, el despido de empleados estatales y la paralización de proyectos de infraestructura clave. Estas medidas, según la organización, han tenido “consecuencias dramáticas” para la economía y la sociedad argentina.
La advertencia de la CSI contrasta con los elogios que Georgieva ha dirigido a Milei durante las negociaciones entre Argentina y el FMI. Mientras el Fondo muestra preocupación por el atraso cambiario y la evolución de las reservas, respalda el plan de desregulación, privatizaciones y ajuste fiscal impulsado por el gobierno. Sin embargo, la CSI insiste en que el FMI tiene la responsabilidad de garantizar que sus programas promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible, respetando los derechos humanos y laborales.
La carta de la CSI refleja la preocupación de la comunidad sindical global, que ve con alarma el rumbo de las políticas económicas y sociales en Argentina. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), participó activamente en esta iniciativa, destacando la necesidad de que el FMI considere el impacto real de sus decisiones en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Mientras las negociaciones entre Argentina y el FMI continúan, la presión internacional sobre el organismo financiero para que revise su apoyo al gobierno de Milei parece estar en aumento.