La investigación sobre presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un nuevo paso con el análisis de los teléfonos celulares confiscados durante los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello.
Especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal iniciaron la extracción de datos de los dispositivos, en busca de mensajes, registros y otras pruebas que permitan esclarecer el caso.
Entre los aparatos bajo peritaje se encuentran dos celulares pertenecientes a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, decomisados en su domicilio en Pilar y en un vehículo. También se analiza el teléfono de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado en Nordelta con una suma significativa de dinero en efectivo. Además, el celular de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, está siendo examinado, tras ser señalado en audios filtrados como una figura clave en la presunta operatoria ilícita.
Un hallazgo que captó la atención de las autoridades fue la incautación de u$s266.000 y $7 millones en el vehículo de Kovalivker, distribuidos en siete sobres con anotaciones manuscritas de cifras. Los investigadores buscan determinar si estas sumas están relacionadas con los supuestos sobornos mencionados en los audios, verificando si los montos en los sobres coinciden con las anotaciones y si hay nombres asociados que puedan vincularse al esquema delictivo.
El juez Casanello impuso restricciones a los involucrados, prohibiendo la salida del país de Spagnuolo, los hermanos Kovalivker y Garbellini, mientras se recopilan más pruebas. La investigación se centra en corroborar las acusaciones surgidas a partir de los audios filtrados, donde Spagnuolo habría hecho referencia a irregularidades en la gestión de fondos de ANDIS, incluyendo menciones a un supuesto “delincuente” dentro del organismo.
Con la pericia de los celulares en curso y el análisis de la documentación financiera en marcha, la Justicia espera reunir elementos suficientes para definir los próximos pasos del proceso. Este caso, que ha generado conmoción por las implicancias de corrupción en un organismo clave para la atención de personas con discapacidad, mantiene en vilo a la opinión pública mientras se aguardan los resultados de las diligencias judiciales.
