Corrupción – Neo Net Music

Corrupción en la formación sanitaria: escándalo en escuela de Enfermería de Tucumán

Una grave denuncia sacude a la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán.

La Justicia Federal investiga un esquema de corrupción que involucra a docentes y estudiantes, donde se habrían aprobado materias a cambio de dinero, regalos y favores sexuales. El caso se originó tras una denuncia anónima y tomó fuerza con el testimonio del profesor Luis Ángel Solorzano, quien reveló irregularidades en los exámenes mientras estaba de licencia médica.

El principal acusado es Ricardo Palavecino, quien quedó a cargo de los parciales en diciembre de 2023. Según la investigación, manipuló calificaciones y exigió pagos a cambio de aprobar materias. Las pruebas incluyen audios, capturas de chats y transferencias a billeteras virtuales. Una estudiante, Paola Villagra, admitió haber sido intermediaria en el esquema, recibiendo dinero y obsequios que luego entregaba al docente.

Villagra declaró públicamente que llegó a cobrar hasta 70 mil pesos por alumno y que Palavecino también solicitaba favores sexuales como parte del acuerdo. Afirmó que el profesor se jactaba de haber mantenido relaciones con estudiantes y que existen fotos explícitas como evidencia. La joven aseguró que intentó frenar la situación, pero que Palavecino ignoraba sus pedidos y continuaba exigiendo más dinero.

La Fiscalía Federal N°2, a cargo de Agustín Chit, solicitó el procesamiento de Palavecino por cohecho y falsificación ideológica, mientras que Villagra fue imputada por cohecho pasivo. El decano de la Facultad de Medicina anunció un sumario interno y prometió sanciones ejemplares para los involucrados. La comunidad educativa exige respuestas y medidas concretas para evitar que se repitan estos hechos.

Este escándalo pone en jaque la credibilidad de una institución clave en la formación de profesionales de la salud. La investigación continúa, y se espera que se revelen más detalles sobre el alcance de la red de corrupción. Mientras tanto, se refuerza el llamado a garantizar transparencia y ética en el ámbito académico.

Una causa que tarda pero avanza: Allende procesado por corrupción patrimonial

Después de más de una década de investigación, la Justicia entrerriana dio un paso firme en una causa que parecía haber caído en el olvido.

El juez de Garantías Nº 8 de Paraná, Pablo Zoff, ordenó el procesamiento del histórico dirigente de UPCN y exdiputado provincial José Ángel Allende, junto a varios miembros de su familia, por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida llega 13 años después de la denuncia inicial.

El punto de partida de la causa fue una publicación de la revista Análisis en 2012, que despertó sospechas sobre el crecimiento inusitado del patrimonio de Allende durante sus años como legislador. La Justicia determinó que el exdiputado habría utilizado a familiares cercanos como intermediarios para ocultar bienes y fondos. Se estima que el incremento patrimonial, entre 2000 y 2016, superaría los 10 millones de pesos y 64 mil dólares, sin justificación acorde a sus ingresos declarados.

La participación de su entorno familiar fue clave. Su esposa, exesposa, hijo e hija fueron señalados por facilitar maniobras de ocultamiento y por figurar como propietarios de vehículos, propiedades y sociedades comerciales. Las pericias contables fueron determinantes, aunque no exentas de controversia. El juez respaldó el informe del perito fiscal, que expuso severas inconsistencias entre ingresos y adquisiciones, y subrayó que varios bienes estarían subvaluados.

Además, se sumó una segunda acusación por gestiones irregulares en la Fundación Esperanza, entidad que recibió casi un millón de pesos en subsidios gestionados por el propio Allende mientras era funcionario. El magistrado enfatizó que la correcta rendición de esos fondos no exime la incompatibilidad legal, ya que el exlegislador intervino activamente en la solicitud y cobro de los mismos, en clara contradicción con su rol público.

Todos los imputados quedaron embargados y a un paso del juicio oral. La causa, que resume una larga espera de la ciudadanía por justicia, pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública y la necesidad de que los tiempos judiciales acompañen el clamor social por rendición de cuentas.

Negocios en la sombra: el entramado millonario que vincula al clan Menem

En el centro del poder político argentino se ha revelado un complejo esquema de negocios que involucra a familiares directos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Aunque el diputado asegura donar todos sus sueldos como gesto de austeridad, investigaciones periodísticas exponen cómo firmas vinculadas a su entorno han sido beneficiarias de millonarios contratos estatales desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Los nombres de dos empresas destacan por su rápido ascenso: Global Protection Service (GPS) Group, dedicada a la seguridad privada, y La Bizantina S.G.S.A., enfocada en servicios de limpieza. Ambas comenzaron a recibir contrataciones públicas a gran escala a partir de diciembre de 2023, a pesar de no contar previamente con antecedentes relevantes como proveedoras estatales. En conjunto, acumularon más de 4.300 millones de pesos facturados al Estado en apenas un año y medio.

GPS Group, en particular, llamó la atención por asumir contratos previamente gestionados por Tech Security, una firma fundada por los propios hermanos Menem. Aunque Martín se desligó formalmente de esa sociedad, los vínculos familiares y empresariales se mantienen vigentes. La relación con un misterioso empresario conocido como “El Turco” Hazaff, sin presencia pública en redes, refuerza las sospechas sobre un posible mecanismo de continuidad encubierta.

En paralelo, La Bizantina también ganó licitaciones significativas, incluida una de casi 700 millones de pesos para limpiar las dependencias de la Cámara de Diputados, institución presidida por el propio Menem. Otros contratos provinieron del Ministerio de Seguridad y de organismos del ámbito aeronáutico, consolidando su presencia en áreas clave del aparato estatal.

Este entramado empresarial revela una trama de vínculos familiares, estrategias de ocultamiento de propiedad y oportunas cesiones societarias. Aunque todo se enmarca dentro de la legalidad formal, el caso plantea inquietudes sobre la ética en la gestión pública y la transparencia de los funcionarios. El debate apenas comienza.

Escándalo en ATE: Sospechas de desfalco y reunión bajo irregularidades

El pasado lunes se realizó una asamblea en la sede sindical para analizar el presunto desfalco cometido por el secretario general Amílcar Miño y su posible remoción del cargo.

Sin embargo, el encuentro comenzó bajo circunstancias sospechosas: los asistentes encontraron una puerta trasera forzada y la desaparición de equipos clave, como una computadora y mobiliario, según confirmaron fuentes internas.

Pese al evidente indicio de robo, los presentes decidieron continuar con la reunión sin notificar de inmediato a la policía, lo que pudo haber alterado pruebas cruciales como huellas dactilares o rastros del presunto delito. Además, testigos afirmaron que algunas personas accedieron al patio por la puerta dañada durante la asamblea, y solo al finalizar se hizo el llamado a las autoridades, generando dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Durante la reunión, se reveló que la supuesta deuda inicial de $12.000.000 se habría disparado a cerca de $60.000.000, incluyendo cheques sin fondos, pagos pendientes y la pérdida de un vehículo retirado por un acreedor. Miño, quien sigue sin dar explicaciones públicas, también estaría vinculado a la desaparición de las escrituras de un terreno, aunque algunos miembros del sindicato se negaron a formalizar una denuncia penal, alimentando sospechas de encubrimiento.

Surgen interrogantes sobre la posible participación de más personas en el presunto fraude, ya que, según protocolos bancarios, las extracciones de grandes sumas requieren múltiples firmas autorizadas. “Miño no pudo actuar solo: ¿quiénes firmaron esos documentos y con qué justificación?”, cuestionaron algunos asistentes. La falta de acciones legales inmediatas aumenta los rumores sobre temores internos o posibles implicados en el caso.

Este medio intentó obtener declaraciones de la cúpula provincial del sindicato, pero hasta el momento no han brindado respuestas concretas. Prometieron acudir a la redacción para ofrecer su versión, pero la demora en esclarecer los hechos profundiza la desconfianza entre los afiliados, quienes exigen transparencia y justicia frente a lo que parece ser un grave caso de corrupción institucional.

Rosario: imputan a 13 policías y 4 civiles por desviar $45 millones por mes en combustible

La corrupción dentro del sistema de seguridad de Rosario ha salido a la luz con la imputación de 13 policías y 4 civiles, quienes enfrentan graves acusaciones por un fraude millonario relacionado con vouchers de combustible destinados a patrullajes.

Las investigaciones revelaron una red de desvío de fondos públicos a través de la carga ficticia de combustible, generando un escándalo sin precedentes en la provincia.

Este martes, los acusados comparecerán ante la justicia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se llevará a cabo una audiencia clave en el proceso que ya acumula diez meses de investigación. Se sospecha que la maniobra permitió el desvío de más de $45 millones mediante el uso fraudulento de una estación de servicio que ya fue clausurada. Este monto es apenas una fracción del presupuesto mensual de $380 millones destinado a la seguridad vial.

Los delitos imputados a los involucrados incluyen abuso de autoridad, encubrimiento, lavado de activos y corrupción administrativa. La red de fraude no solo involucró a agentes policiales, sino también a civiles vinculados a la estación de servicio utilizada para la maniobra fraudulenta. Entre los imputados figuran nombres relevantes dentro de la fuerza de seguridad, lo que ha generado un fuerte impacto institucional.

El caso tomó relevancia pública cuando el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con los fiscales regionales Matías Merlo y José Luis Caterina, revelaron detalles de los allanamientos realizados. Un total de 36 operativos permitieron recabar pruebas que fortalecen la acusación, lo que podría derivar en condenas significativas para los responsables.

En medio de la crisis, el Ministerio de Seguridad desplazó de sus cargos al jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y a su segundo, Mariano Govi, como parte de un proceso de depuración interna. Se espera que en la audiencia se revelen nuevos detalles sobre el funcionamiento del esquema fraudulento, con información clave obtenida de lo que se ha denominado la “caja negra del área de seguridad”. El caso sigue en desarrollo y podría traer consecuencias aún más profundas en la estructura policial de Rosario.