TikTok enfrenta demandas por violaciones a las leyes de protección al consumidor

Esta semana, catorce fiscales generales presentaron demandas contra TikTok en sus respectivas jurisdicciones por violar las leyes de protección al consumidor, centrando su ofensiva en los daños a la salud mental de los menores de edad. Según el Pew Research Center, un 63% de los adolescentes entre 13 y 17 años usan la red social china.
La coalición de fiscales acusa a TikTok, propiedad de ByteDance, de utilizar un sistema de recomendación de contenidos adictivo para mantener a los niños frente a sus pantallas y vender más anuncios, sin importarles los daños psicológicos o físicos que esto pueda causar. Rob Bonta, fiscal general de California, afirmó que la plataforma apunta intencionalmente a los niños, sabiendo que no tienen la capacidad de crear límites saludables frente al contenido adictivo.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, destacó que TikTok asegura ser segura para los jóvenes, pero en realidad, muchos han resultado heridos o muertos cumpliendo peligrosos retos de la plataforma. En su demanda, James incluyó el caso de Norma Nazario, quien acusó a TikTok por la muerte de su hijo Zackery al cumplir un reto conocido como “subway surfing”.
Además, los fiscales acusan a TikTok de ocultar su modelo de negocio que se aprovecha de los niños. Liz Murrill, fiscal general de Louisiana, afirmó que TikTok ha engañado al público sobre el contenido que ofrece a los niños y que es necesario proteger a los menores.
Los estados involucrados en la demanda son Illinois, Kentucky, Massachusetts, Mississippi, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregón, Carolina del Sur, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. Los fiscales piden el fin de las prácticas denunciadas y reparaciones económicas.
TikTok negó las imputaciones y acusó a los demandantes de negarse a colaborar, afirmando que han tomado medidas proactivas para proteger a los niños. Además de estas demandas, TikTok enfrenta otras demandas de ciudadanos privados y ha sido acusada por la Comisión Federal de Comercio de violar las leyes de privacidad infantil.