Vicentin: la Justicia interviene la empresa y desplaza al directorio en medio de una crisis irreversible
Un nuevo capítulo en la turbulenta historia de Vicentin se escribió este martes, cuando la Justicia ordenó la intervención total de la compañía agroindustrial y suspendió a su directorio.
El juez Fabián Lorenzini, de Reconquista, designó como interventores a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg —hasta ahora veedores— para tomar el control de la firma durante 120 días hábiles. La medida busca evitar el colapso definitivo de una empresa que acumula una deuda posconcursal de $30.000 millones y tiene sus principales plantas paralizadas.
El fallo no deja dudas sobre el diagnóstico: Vicentin está en terapia intensiva. Sin caja operativa y con servicios esenciales en riesgo, el magistrado justificó la intervención como “la única salida razonable” para proteger a la empresa, aunque aclaró que “la justicia concursal no fue pensada para gerenciar empresas”. La resolución incluyó una medida inhibitoria para garantizar el suministro de luz, gas y seguridad, e incluso ordenó restablecer servicios ya cortados.
Los ahora exdirectivos —Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain— fueron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los interventores. El juez los acusó de “naturalizar la parálisis” y tomar decisiones críticas —como el cierre de plantas— sin presentar alternativas. “Abrazaron como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, señaló el texto, que responsabilizó al directorio por el agravamiento de la crisis.
Los interventores tienen diez días para presentar un plan de acción que identifique áreas críticas, reactive la operación y articule con sindicatos y acreedores. El desafío es titánico: Vicentin arrastra un default de US$1.500 millones desde 2019 y su situación financiera sigue deteriorándose. Pese a algunos avances recientes —como la reactivación parcial de dos plantas gracias a acuerdos con terceros—, el juez consideró insuficientes estos parches.
La orden judicial llega en un momento clave: mientras los trabajadores aceptaron cobrar el 80% de los salarios adeudados en cuotas (con el 20% restante en el limbo), el fallo advierte sobre riesgos mayores: “pérdida de clientes, contratos y deterioro patrimonial”. Ahora, todo depende de si los interventores logran lo imposible: resucitar una empresa que lleva años en caída libre.
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