Una fuerte advertencia social y sanitaria se conoció en las últimas horas tras la denuncia sobre la crítica situación que atraviesa una institución que asiste a menores con discapacidad severa.
El centro, ubicado en el barrio porteño de Flores, se encuentra al borde del cierre por la falta de cumplimiento en los pagos estatales vinculados a prestaciones esenciales del sistema de atención.
Según se informó, el problema afecta directamente a alrededor de 20 jóvenes con parálisis cerebral que residen de forma permanente en el lugar, además de otros pacientes que reciben atención diaria. La falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad del servicio y podría derivar en el desalojo de los residentes.
La situación fue expuesta públicamente en el marco de reclamos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que regula la asistencia y cobertura de estos dispositivos de cuidado. Desde distintos sectores advierten que las demoras en los desembolsos estatales generan una crisis operativa que compromete la atención básica.
En paralelo, referentes de la institución señalaron que la interrupción de los fondos impacta también en el funcionamiento cotidiano, incluyendo salarios del personal, provisión de medicamentos, alimentación y transporte terapéutico. La falta de recursos obligó incluso a reducir servicios de acompañamiento especializado.
Organizaciones vinculadas al área de discapacidad y familiares de los pacientes alertaron que, de no regularizarse la situación en el corto plazo, los jóvenes podrían quedar sin residencia ni cobertura adecuada, lo que derivaría en una emergencia social de alto impacto. El caso ya generó repercusión pública y pedidos de intervención urgente a las autoridades competentes.
