La cifra surge de la regulación de honorarios reclamada por doce letrados que representaron a distintos acusados y absueltos del expediente.
El Estado argentino podría afrontar el pago de casi 10 millones de dólares en honorarios judiciales a los abogados que intervinieron en el juicio civil relacionado con la causa Vialidad, luego de que la Justicia declarara la caducidad del proceso.
El juicio civil había sido iniciado por Vialidad Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, pero la falta de impulso procesal llevó a la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal a considerar que la instancia había caducado. El organismo estatal, sin embargo, presentó posteriormente un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión y evitar que el Estado deba afrontar las costas derivadas del proceso.
Mientras el máximo tribunal analiza la situación, la discusión por los honorarios permanece en el centro del expediente. En total, los abogados reclaman aproximadamente 13.614 millones de pesos, una suma que, según la cotización utilizada en el cálculo informado, ronda los 10 millones de dólares. La Cámara había suspendido temporalmente la regulación de esos honorarios a la espera de lo que resuelva la Corte.
Entre los montos más elevados aparece el correspondiente a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, a quien le corresponderían unos 3.714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2,42 millones de dólares, además de un adicional por su actuación como apoderado. También figuran importantes sumas para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora, con alrededor de 1.857 millones de pesos para cada uno.
En el caso de la defensa de Cristina Kirchner, los abogados Luis Goldín y Fernando Muriel solicitaron ante la Corte que se destrabe la regulación y denunciaron una presunta “privación de justicia”. Entre ambos, la suma reclamada ronda los 880,9 millones de pesos, equivalente a unos 575.764 dólares según el cálculo consignado. Ahora, la Corte Suprema deberá definir si mantiene la situación derivada de la caducidad del juicio y qué ocurre finalmente con los millonarios honorarios que debería afrontar el Estado.
