Avanza el juicio político a los miembros de la Corte
![](https://neonetmusic.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/20231004-17.jpg)
El oficialismo consideró concluida la investigación en torno a los fallos del 2×1 a favor de represores, el beneficio en la coparticipación para CABA y la reforma del Consejo de la Magistratura. Ahora la presidencia de la comisión debe elaborar un informe con las causales de remoción y someterlo a debate en la próxima reunión.
La Cámara de Diputados avanzó un casillero en el proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema. Tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño ya está concluida, la Comisión de Juicio Político resolvió elaborar el informe con la formulación de cargos contra los cuatro jueces del máximo tribunal, Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Lo hizo sobre la base de tres causales de remoción: el fallo del 2×1 que benefició a represores de la dictadura, el fallo que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura y el fallo que reformuló la coparticipación federal en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la comisión continuó trabajando en la investigación del desempeño de Rosenkrantz, quien está acusado por no haberse excusado de intervenir en causas que involucraban a clientes de su estudio de abogados.
“Agotada la investigación propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que, si ellos quieren hacer descargo, lo puedan hacer”, tomó la iniciativa el diputado Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos. Y, de paso, soltó una chicana: “Esperemos que no pase lo del bochorno de Maqueda, que no hizo ningún comentario”, tras las acusaciones que se le formularon por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), avaló la propuesta y sometió la iniciativa a votación. Desde la Coalición Cívica, el legislador Juan Manuel López adelantó que su espacio no acompañaría la votación porque “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados… Queremos tener un poco más de certeza, sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca”. Le respondió Gaillard: “Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo”, afirmó la titular de la comisión. “Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos.”
Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó el dictamen. El objetivo, explicó Gaillard, es “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de presentar el oportuno descargo”. De esta manera, en la próxima reunión los cargos contra los magistrados serán sistematizados en un informe, los debatirán los diputados y luego se les correrá traslado a los cuatro jueces.
Gaillard precisó que se resolvió postergar, a pedido de la Coalición Cívica, para el próximo martes 10 de octubre, la ampliación de la investigación en torno al rol de Lorenzetti -quien ya había sido denunciado por la exdiputada Elisa Carrió- y que contará la próxima semana con la presencia de testigos.
“Abuso de poder”
La comisión, mientras tanto, abrió el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente contra Rosenkrantz. Se analizaron 69 sentencias en las que intervino el vicepresidente de la Corte, en la mayoría de las cuales, de acuerdo con la acusación, el magistrado favoreció a clientes de su estudio de abogados. La causal de remoción apunta a “la falta de excusación en causas de sus exclientes”, explicó Gaillard. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló. “Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la legisladora oficialista.
Una segunda imputación contra Rosenkrantz señala que el propio magistrado presentó en la Corte -siendo ya integrante del tribunal- un reclamo por el pago de honorarios por 18 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe, a la que patrocinó en un expediente por los fondos coparticipables.