La Justicia argentina asestó un duro golpe al caso del fentanilo contaminado al ordenar la detención de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto con varios directivos y familiares vinculados a estas empresas.
La medida, ejecutada el miércoles 20 de agosto de 2025 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional, responde a la investigación de 96 muertes asociadas a lotes defectuosos de fentanilo. Este caso, que ha conmocionado al país, pone en evidencia graves irregularidades en la producción de medicamentos.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, emitió órdenes de captura contra García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma), y directivos como Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano. La investigación señala a los lotes 31.202 y 31.244, contaminados con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, como responsables de infecciones letales en pacientes hospitalizados. Las detenciones se llevaron a cabo tras diez allanamientos simultáneos en Rosario, San Nicolás y Buenos Aires.
La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, calificaron el caso como un episodio de “criminalidad compleja” que involucra a un conglomerado empresarial organizado. Las pruebas recolectadas, incluyendo un informe del Instituto Malbrán y análisis del Cuerpo Médico Forense, revelaron fallas estructurales en los procesos de producción que permitieron la distribución de ampollas contaminadas. En 12 de las 20 historias clínicas examinadas, se estableció un “nexo concausal” entre el fentanilo adulterado y los fallecimientos.
El operativo policial se desencadenó tras no encontrar a García Furfaro en su domicilio, aunque el empresario finalmente se entregó a las autoridades. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró las detenciones en redes sociales, destacando que “los responsables del lote letal de fentanilo” ya no gozan de impunidad. Las indagatorias de los detenidos comenzarán en las próximas horas, mientras la Justicia busca esclarecer el alcance de las responsabilidades y posibles desvíos del medicamento al mercado ilegal.
Este caso expone una crisis sanitaria sin precedentes en Argentina, con más de 300,000 ampollas contaminadas distribuidas en 16 provincias, según el Ministerio de Salud. Las víctimas, en su mayoría pacientes internados por otras dolencias, sufrieron infecciones graves tras recibir el fentanilo. La investigación continúa para determinar si hubo negligencia, encubrimiento o complicidad con autoridades sanitarias, mientras crece la demanda de controles más estrictos en la industria farmacéutica.
