La decisión se alineó con el pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que los hechos investigados no configuran un delito penal. El fallo se fundamentó en el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación, al entender que la conducta denunciada no encuadra en ninguna figura legal.
La investigación se centró en determinar si la promoción pública del token —impulsada por un mensaje de Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025— formó parte de una maniobra organizada para perjudicar a los compradores. El activo pasó de cotizar cerca de un centavo de dólar a rozar los cinco dólares antes de caer de manera abrupta. Según la denuncia, billeteras vinculadas a los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 inversores registraron pérdidas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el juez coincidieron en que un resultado económico negativo no alcanza, por sí solo, para acreditar una estafa.
El magistrado subrayó que la notoriedad de quien promociona un activo o la confianza que genera su intervención no equivalen automáticamente a un engaño defraudatorio. Señaló que era necesario identificar qué aspecto del proyecto se presentó de manera engañosa o qué información relevante se ocultó, algo que no pudo demostrarse. La sola secuencia temporal entre la promoción, la suba y la caída tampoco alcanza para probar que esa evolución hubiera sido planificada con una finalidad delictiva.
El expediente analizó además elementos como conversaciones eliminadas del teléfono del empresario Mauricio Novelli con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, registros de llamadas con el Presidente y una nota que mencionaba posibles pagos a los hermanos Milei. Los peritajes no lograron establecer el contenido de esas comunicaciones ni verificar que la nota hubiera sido transmitida o aceptada. Respecto de Karina Milei, no se acreditó que hubiera solicitado o recibido beneficios a cambio de facilitar encuentros con el jefe de Estado.
Tampoco prosperaron las imputaciones por abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. La Oficina Anticorrupción había concluido previamente que el mensaje de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos o facultades oficiales. Con estos fundamentos, el juez dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la continuidad del proceso penal.
