Sentencia judicial impacta al Municipio de San Jaime de la Frontera
El conflicto laboral en San Jaime de la Frontera ha culminado con una sentencia judicial que obliga al municipio a indemnizar a dos ex trabajadoras, Romina Corradini y Cecilia Vargas, con aproximadamente 40 millones de pesos cada una, además de los honorarios del abogado. La Justicia también ordenó la reincorporación de ambas a sus puestos de trabajo.
Corradini y Vargas, quienes ingresaron durante la gestión de Antonio Rodríguez, trabajaron cuatro años sin contrato formal y continuaron en la misma situación bajo la administración de la actual intendenta, Miriam Díaz. Corradini denunció violencia y discriminación laboral, y los tribunales ratificaron su reclamo en todas las instancias.
La intendenta Díaz apeló el fallo de primera instancia de agosto pasado, argumentando irregularidades en la interpretación de las leyes. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Concordia rechazó la apelación por no cumplir con los requisitos técnicos y formales necesarios.
La resolución judicial no solo incluye la compensación económica y la reincorporación de las trabajadoras, sino que también ordena a Díaz participar en un curso obligatorio sobre la Ley Micaela, que busca erradicar la violencia de género. Este curso deberá ser realizado de manera presencial y pública.
De manera no oficial, se informó que Corradini y Vargas planean presentar una acción para que la intendenta asuma la responsabilidad patrimonial de la deuda, argumentando que su accionar perjudicó al municipio de manera personal. Este hecho es particularmente relevante en una localidad pequeña del departamento Federación, donde los recursos son limitados. Además, se cuestiona éticamente al abogado defensor del municipio, hermano de la intendenta, quien llevó adelante las apelaciones sin éxito.
