Casación Penal confirma procesamiento de la familia Etchevehere

La Cámara de Casación Penal ratificó el procesamiento de Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere en la causa por presunto vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del tradicional diario entrerriano.

La resolución, emitida por los jueces Gustavo Pimentel, María Evangelina Bruzzo y María del Luján Giorgio, mantiene las imputaciones por administración fraudulenta mientras revocó el procesamiento del exdirectivo Luis Guevara, quien recuperó su sobreseimiento.

El fallo marca un nuevo capítulo en el extenso litigio familiar iniciado en 2013 por Dolores Etchevehere, quien denunció maniobras irregulares que habrían dejado a la empresa editorial sin activos clave. Los magistrados rechazaron los recursos presentados por los cuatro miembros de la familia, confirmando así la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que en mayo pasado había revocado un sobreseimiento anterior.

La investigación revela un complejo entramado de operaciones cuestionables: desde la venta de inmuebles de SAER a empresas vinculadas a los propios imputados hasta el uso de créditos subsidiados con fines distintos a los declarados. Según la acusación, los fondos obtenidos de préstamos bancarios para actividades productivas habrían sido desviados a beneficios personales, generando un perjuicio patrimonial a la sociedad editora.

El caso tuvo un giro significativo cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones -integrado por Gervasio Labriola, María Carolina Castagno y Mauricio Mayer- decidió derivar parte de la investigación al fuero federal, donde ya existen otras causas contra los Etchevehere. Esta medida amplía el alcance de la pesquisa sobre las operaciones financieras y patrimoniales cuestionadas.

Mientras los defensores de la familia anuncian nuevas apelaciones, el fallo de Casación consolida una postura judicial crítica hacia las actuaciones de los imputados. La resolución subraya la gravedad de las imputaciones por vaciamiento empresarial, que habrían dejado a la histórica editorial sin los activos necesarios para cumplir con sus obligaciones comerciales y financieras. El caso continúa su curso con la expectativa de que se esclarezcan definitivamente estas complejas maniobras denunciadas hace más de una década.

Nota con información de Entre Ríos Ahora

Absuelven a Dolores Etchevehere en caso de usurpación de estancia familiar

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná dictó este lunes la absolución de Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada, acusados de usurpación por ingresar en 2020 a la estancia familiar “Casa Nuestra” en Entre Ríos junto a militantes del MTE.

El juez Gervasio Labriola fue categórico al señalar que “no hubo delito” y cuestionó duramente la investigación fiscal durante la lectura de la sentencia, que se extenderá por dos horas.

En un fallo que anticipa un revés para la fiscalía, Labriola coincidió con los argumentos de la defensa -encabezada por los abogados Patricio Cozzi, Lisandro Mobilia y Daniela Verón- al destacar que no existieron despojos, intimidación ni amenazas durante los hechos. El magistrado fue más allá al manifestar su “sorpresa” por cómo se condujo la investigación y afirmó que el caso no debió llegar a juicio por falta de sustento probatorio.

La resolución representa un duro golpe para la posición del fiscal Facundo Barbosa -cuya labor fue ampliamente criticada durante el proceso- y para los querellantes representantes de la familia Etchevehere: Rubén Pagliotto y Damián Petenatti. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella habían solicitado inicialmente una condena de un año de prisión condicional, aunque la familia finalmente pidió la absolución durante los alegatos.

El conflicto familiar se remonta a octubre de 2020, cuando Dolores ingresó al campo propiedad de Las Margaritas SA -empresa de su madre Leonor Marcial- acompañada por militantes sociales. La fiscalía sostenía que habrían exigido las llaves de la casa principal a los empleados, aunque estas acusaciones fueron desestimadas por el tribunal. El caso había sido elevado a juicio en julio de 2022 con perspectiva de género, sobreseyendo a Etchevehere por el delito de desobediencia judicial.

Con la sentencia completa que se conocerá el 12 de mayo, la fiscalía y los querellantes solo podrán apelar ante la Cámara de Casación Penal para intentar revertir el fallo absolutorio. El pronunciamiento judicial cierra provisionalmente un capítulo de este emblemático conflicto familiar que dividió a los Etchevehere y generó amplio debate sobre derechos de propiedad y activismos sociales.

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