Buenos Aires: buscan al hijo de un diputado libertario por un brutal ataque en patota a un menor

La Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió una orden de captura contra Gino Ansaloni, hijo del diputado nacional de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni.

El joven de 19 años está imputado por tentativa de homicidio tras participar en una agresión grupal contra un adolescente en la localidad de Colón. El ataque ocurrió a la salida de un boliche y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según las imágenes del incidente, el menor fue perseguido por al menos tres personas que lo rodearon y lo golpearon brutalmente. Poco después se sumaron otros agresores que intensificaron la golpiza. Testigos del hecho señalaron que el ataque habría sido premeditado, ya que existía un conflicto previo entre las partes. La víctima, de 17 años, sufrió múltiples fracturas faciales, pérdida de piezas dentales y una grave lesión ocular que pone en riesgo su visión.

La fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la UFI N.º 1 de Colón, solicitó la detención de los implicados, lo que fue avalado por el juez César Solazzi. Desde entonces, se desplegaron operativos para allanar los domicilios de los sospechosos y recabar pruebas, incluyendo las prendas utilizadas durante el ataque.

Hasta el momento, ni el legislador Pablo Ansaloni ni su entorno han emitido declaraciones públicas sobre el paradero de su hijo. La familia de la víctima exige justicia y visibilización del caso, advirtiendo que hechos de esta gravedad no pueden quedar impunes por vínculos políticos o familiares.

El caso sacudió a la comunidad de Colón, que reclama respuestas y medidas urgentes frente a un hecho que, aseguran, podría haber terminado en tragedia. La investigación continúa en curso, mientras el principal sospechoso permanece prófugo.

Ejecución de 13 mineros en Pataz desata crisis política en Perú

Trece trabajadores mineros, secuestrados el 26 de abril en la provincia de Pataz, fueron encontrados sin vida el pasado domingo 4 de mayo, con evidencias de haber sido ejecutados.

Los cuerpos, maniatados y abandonados en un socavón, fueron descubiertos por la Policía Nacional del Perú (PNP), que descartó cualquier intento de negociación con los captores durante el cautiverio de las víctimas.

Las autoridades señalan como principal responsable a Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, líder de una organización criminal que opera en La Libertad. El sujeto habría exigido un rescate de cuatro millones de soles (más de un millón de dólares) por la liberación de los mineros. Este grupo delictivo ya ha sido vinculado con otros crímenes violentos en la zona, donde la minería ilegal y el crimen organizado mantienen en alerta a la población.

El crimen ocurrió pese al estado de emergencia vigente en Pataz desde febrero, decretado por el Gobierno ante la ola de violencia ligada a la minería ilegal. El Ministerio del Interior anunció el despliegue de unidades especializadas, incluyendo el Grupo Especial contra el Crimen Organizado, con facultad para usar fuerza letal si fuera necesario. Sin embargo, la masacre ha reavivado las críticas por la ineficacia de las medidas de seguridad.

La indignación por el caso ha llevado a un grupo de congresistas a impulsar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriazén. Roberto Sánchez, líder de la bancada Juntos por el Perú, acusó al premier de “desubicación política” y exigió su destitución para formar un gobierno de transición. Hasta ahora, se han reunido 20 de las 33 firmas necesarias para presentar la moción en el Congreso.

Mientras las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda de ‘Cuchillo’, el caso expone la grave crisis de seguridad en zonas mineras del Perú, donde el Estado enfrenta el desafío de desarticular redes criminales que operan con impunidad. La presión política crece, y el Gobierno se ve obligado a responder ante una sociedad que exige justicia por las víctimas.

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