Los senadores nacionales recibirán un nuevo incremento en sus dietas, que superarán los $9,5 millones mensuales, como consecuencia directa del reciente acuerdo salarial alcanzado con los empleados legislativos.
Este ajuste se produce tras el descongelamiento de sus remuneraciones el pasado 31 de marzo, en virtud de una cláusula aprobada en abril de 2024 que vincula automáticamente los aumentos parlamentarios con los acuerdos gremiales del personal del Congreso.
El mecanismo de actualización, aprobado originalmente por unanimidad y sin debate, contó con el aval de los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), quienes este martes firmaron el incremento del 1,3% para los trabajadores legislativos correspondiente a marzo, abril y mayo. Esta disposición generará un efecto dominó en las retribuciones de los representantes provinciales, cuyos ingresos se reajustarán en la misma proporción.
La vicepresidenta Villarruel había intentado sin éxito frenar este esquema de actualización automática. En diciembre de 2023 buscó incluir el tema durante la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider, pero no logró consenso entre los bloques. Posteriormente, mediante el decreto 27/24, consiguió prorrogar el congelamiento hasta diciembre de 2024, medida que contó con el apoyo de La Libertad Avanza y otros espacios dialoguistas.
Pese a los esfuerzos de un grupo reducido de senadores liderados por Villarruel -que pretendían extender el congelamiento hasta 2025 y desvincular las dietas de los acuerdos paritarios-, el plazo para modificar el sistema expiró en la tercera semana de abril. Al no alcanzarse ningún cambio, se activó automáticamente el mecanismo de actualización, lo que derivará en el significativo aumento que comenzará a reflejarse en los haberes de mayo.
Este nuevo incremento en las remuneraciones parlamentarias reaviva el debate sobre la transparencia en la fijación de las dietas legislativas y su vinculación con los acuerdos salariales del personal. Mientras los senadores verán fortalecidos sus ingresos, la medida contrasta con el contexto económico que enfrenta gran parte de la población, generando cuestionamientos sobre la prioridad en el uso de fondos públicos y los mecanismos de decisión en materia salarial del Poder Legislativo.
