El expediente que investiga la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida el 25 de febrero del año pasado, incorpora un elemento novedoso en la provincia: la participación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
Así lo confirmó el abogado querellante Nelson Schlotthauer, quien destacó que se trata de un antecedente sin registros previos en el ámbito judicial entrerriano.
Según explicó el letrado, el organismo no intervendrá como parte querellante tradicional, sino bajo la figura de “víctima” en representación de intereses colectivos o difusos. Esta posibilidad se sustenta en una disposición del Código Procesal Penal de Entre Ríos que, hasta el momento, no había sido aplicada en este tipo de casos, lo que abre la puerta a nuevas formas de participación para entidades y organizaciones en procesos vinculados a responsabilidades estatales.
En paralelo, la causa atraviesa una etapa clave tras la reciente restitución del cuerpo de la víctima a sus familiares. El trámite se extendió durante varios meses debido a objeciones planteadas por la defensa luego de la autopsia inicial y los informes complementarios concluidos en noviembre. Finalmente, la Justicia resolvió a favor de la querella y autorizó la entrega la semana pasada.
De cara a la próxima instancia, el expediente se encamina hacia la elevación a juicio. Schlotthauer precisó que se desarrollará un proceso contradictorio en el que se buscará determinar el grado de responsabilidad de los efectivos policiales involucrados. En ese sentido, subrayó que el fallecimiento de Ramírez bajo custodia estatal es un hecho que no está en discusión dentro de la investigación.
En cuanto a la calificación legal, tanto la querella como la fiscalía sostienen una hipótesis grave: encuadran el caso como un homicidio en el contexto de tortura seguida de muerte, una postura que será debatida en juicio frente a la estrategia de la defensa. Por último, el abogado remarcó la importancia de brindar acompañamiento a las víctimas de violencia institucional, señalando especialmente la situación de la familia del fallecido, que enfrenta el proceso en condiciones de alta vulnerabilidad.
