En un giro inesperado del juicio por la expropiación de YPF, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de forma temporal la orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera argentina a los fondos litigantes.
Esta medida pone pausa al ultimátum judicial impulsado por la jueza Loretta Preska, quien había exigido el cumplimiento inmediato de su fallo.
La resolución judicial contempla una suspensión administrativa hasta que un panel de tres jueces analice el pedido formal de Argentina para detener la ejecución. Mientras tanto, el plazo de 72 horas impuesto por Preska quedó sin efecto. Los fondos demandantes tienen hasta el 17 de julio para presentar su oposición, y la defensa argentina hasta el 22 para responder, momento en el que se definirá el futuro del caso.
Argentina sostiene que la orden de Preska vulnera leyes federales y principios de cortesía internacional, y señala la intervención del Departamento de Justicia estadounidense como apoyo institucional. También argumenta que el cumplimiento forzado violaría normativas nacionales y provocaría un perjuicio irreversible sobre el control estatal de YPF.
La causa ha generado tensión financiera y política. En los mercados, la suspensión se lee como un alivio momentáneo para los proyectos de YPF en Vaca Muerta y el desarrollo del GNL. A su vez, provincias accionistas como Chubut anunciaron que intervendrán judicialmente para proteger su patrimonio frente al posible embargo de acciones.
El caso, que enfrenta a Burford Capital y Eton Park contra el Estado argentino, revela el alcance internacional del conflicto legal y su impacto potencial en las relaciones comerciales y soberanas. Por el momento, YPF permanece al margen del litigio formal, mientras el país busca frenar una ejecución que podría alterar su estructura energética de forma irreversible.
