Contrato bajo la lupa: investigan millonaria adjudicación estatal a firma ligada a los Menem

La inquietud surge tras conocerse que Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, fue socio de la firma hasta fines de 2023.

En medio de crecientes tensiones políticas, diputados del bloque Democracia para Siempre presentaron un pedido formal al Ejecutivo nacional para que se esclarezca un contrato por más de $3.900 millones otorgado por el Banco Nación a Tech Security SRL, empresa con vínculos directos a la familia Menem.

El acuerdo, oficializado el 4 de julio, contempla servicios de vigilancia en varias sedes estratégicas del Banco Nación, incluyendo su casa central y dependencias ubicadas en Aeroparque y Maipú. Aunque el proceso se habría realizado vía licitación, los legisladores exigen explicaciones sobre la transparencia y criterios que definieron la adjudicación.

Tech Security SRL, fundada en 2005 y adquirida por los Menem en 2014, cuenta con más de 500 empleados y un historial de contratos con instituciones de alto perfil como River Plate, Racing Club y la Asociación del Fútbol Argentino. También mantiene convenios con entidades públicas, como la Biblioteca Nacional y el Belgrano Cargas, consolidando una fuerte presencia en el mercado de seguridad privada.

El vínculo entre funcionarios y proveedores del Estado reaviva el debate sobre los límites éticos en la gestión pública. Aunque la empresa no incumple en sus antecedentes, la relación familiar despierta sospechas sobre posibles beneficios cruzados y falta de control institucional.

Negocios en la sombra: el entramado millonario que vincula al clan Menem

En el centro del poder político argentino se ha revelado un complejo esquema de negocios que involucra a familiares directos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Aunque el diputado asegura donar todos sus sueldos como gesto de austeridad, investigaciones periodísticas exponen cómo firmas vinculadas a su entorno han sido beneficiarias de millonarios contratos estatales desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Los nombres de dos empresas destacan por su rápido ascenso: Global Protection Service (GPS) Group, dedicada a la seguridad privada, y La Bizantina S.G.S.A., enfocada en servicios de limpieza. Ambas comenzaron a recibir contrataciones públicas a gran escala a partir de diciembre de 2023, a pesar de no contar previamente con antecedentes relevantes como proveedoras estatales. En conjunto, acumularon más de 4.300 millones de pesos facturados al Estado en apenas un año y medio.

GPS Group, en particular, llamó la atención por asumir contratos previamente gestionados por Tech Security, una firma fundada por los propios hermanos Menem. Aunque Martín se desligó formalmente de esa sociedad, los vínculos familiares y empresariales se mantienen vigentes. La relación con un misterioso empresario conocido como “El Turco” Hazaff, sin presencia pública en redes, refuerza las sospechas sobre un posible mecanismo de continuidad encubierta.

En paralelo, La Bizantina también ganó licitaciones significativas, incluida una de casi 700 millones de pesos para limpiar las dependencias de la Cámara de Diputados, institución presidida por el propio Menem. Otros contratos provinieron del Ministerio de Seguridad y de organismos del ámbito aeronáutico, consolidando su presencia en áreas clave del aparato estatal.

Este entramado empresarial revela una trama de vínculos familiares, estrategias de ocultamiento de propiedad y oportunas cesiones societarias. Aunque todo se enmarca dentro de la legalidad formal, el caso plantea inquietudes sobre la ética en la gestión pública y la transparencia de los funcionarios. El debate apenas comienza.

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